El director de la Unidad para la Gestión del Riego de Desastres (Ungrd), Olmedo López, informó que, ante presuntas irregularidades que se han presentado en la entidad, recurrirá a la Fiscalía General de la Nación (FGN).
“Vamos a denunciar y a compulsar copias ante las autoridades competentes: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, por presuntas irregularidades y actos de corrupción en la entidad.
Es nuestro deber propender por la transparencia como eje fundamental de nuestro accionar. Erradicar el riesgo de corrupción es nuestra principal tarea institucional”, explicó el director en un comunicado de prensa.
Añadió que el dinero del Estado debe ir para las poblaciones necesitadas del país.
“Para nosotros y para el mandato del Gobierno del Cambio, los recursos públicos son sagrados y deben beneficiar a la población que más lo necesita”, aseguró Olmedo López.
Durante la dirección de su antecesor, Javier Pava Sánchez, se llevó a cabo una auditoría para indagar sobre las presuntas irregularidades.
En ella se identificaron posibles favorecimientos a contratistas en la adjudicación de proyectos y presuntos actos de corrupción.
“Con la auditoría interna que realizamos en estos meses relacionada con información que existía de irregularidades y temas relacionados con presuntos procesos de corrupción.
Conformamos un equipo de trabajo que ha venido revisando la información que se tiene disponible y hemos encontrado elementos que consideramos de vital importancia para presentar a la opinión pública en términos de hacer un corte de cuentas de lo que recibió esta entidad y lo que hoy estamos asumiendo”, explicó el exdirector en su momento.
Así las cosas, explicó que hay un caso específico de posible favorecimiento de carácter político y regional a un contratista por proyectos de obra y de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE), los cuales suman más de 500.000 millones de pesos.
Se trata de CFD Ingeniería S.A.S., cuyo representante legal es Carlos Francisco Díaz-Granados Guerra. La empresa estuvo contratada para la ejecución de 23 proyectos entre 2021 y 2022 en la región Caribe y Santander.
También se encontraron irregularidades en órdenes de proveeduría de contratistas de maquinaria amarilla, las cuales no contaban con firmas formales del director anterior de la Unidad.
Tampoco tenían un contrato que respaldara la realización de la obra o labor.