El Gobierno nacional encendió las alertas por la circulación de mensajes intimidatorios que estarían dirigidos contra altos funcionarios del Estado y trabajadores del sistema penitenciario, en medio de las recientes medidas de traslado de personas privadas de la libertad a diferentes establecimientos carcelarios.
La advertencia fue realizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), mediante un comunicado divulgado el 10 de octubre, en el que las entidades rechazaron las amenazas y reiteraron que las decisiones institucionales continuarán ejecutándose conforme a la ley.
Entre las personas mencionadas en el pronunciamiento se encuentran el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el ministro de Justicia, Iván Cancino González; el director general del INPEC, Daniel Gutiérrez, y los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria.
Investigan el origen de los mensajes
Según el comunicado oficial, las intimidaciones estarían relacionadas con los recientes traslados de personas privadas de la libertad y con alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector penitenciario.
Sin embargo, el Gobierno precisó que la autenticidad, procedencia y alcance de estos mensajes continúan bajo verificación. Por esta razón, todavía no es posible establecer con certeza quiénes estarían detrás de las amenazas ni determinar todas sus posibles implicaciones.
Las autoridades también investigan si existe alguna relación entre estas intimidaciones y el ataque armado en el que resultaron heridos dos dragoneantes del INPEC en Barranquilla, cuando salían de su turno de servicio en el establecimiento penitenciario El Bosque.
Hasta el momento, esa conexión no ha sido confirmada oficialmente.
Refuerzan las medidas de protección
Ante este panorama, el Ministerio de Justicia y el INPEC informaron que reforzaron las medidas preventivas de seguridad y autoprotección, en coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades competentes.
Las entidades aseguraron que continuarán desarrollando las acciones de traslado, vigilancia y control penitenciario de acuerdo con las disposiciones legales, sin permitir que las amenazas condicionen las decisiones del Estado.
Asimismo, solicitaron a las autoridades competentes avanzar en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
