Mis queridos lectores, en esta columna haré especial énfasis sobre las ventajas inherentes de la creación y vigencia del Código general del proceso con relación a los diferentes procesos judiciales de los que conocen los jueces de las distintas ramas del Derecho, así como la importancia que tienen en determinados procesos las medidas cautelares.

Hago introducción de esta columna, manifestando que el Código General del Proceso nació principalmente para minimizar la diversidad normativa en la jurisdicción ordinaria, toda vez que se incluyó implantar la oralidad en todas las ramas del derecho procesal sustituyendo paulatinamente la modalidad escritural.

Además de buscar unificar procedimientos y añadir a la gestión procesal y procedimental las tecnologías avanzadas para lograr una justicia pronta y oportuna que resolviera de manera efectiva las controversias que llegaban a su conocimiento.

Podemos inferir con toda razonabilidad que el artículo más importante del Código General del Proceso es el segundo.

En efecto, en él se reconoce que “toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable.

” Se trata de la norma jurídica que justifica la nueva codificación, su razón de ser y la que explica la mayoría de las modificaciones que se introducen a los procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia en aras a lograr lo que todas las partes desean dentro y fuera del aparato judicial: justicia efectiva.

Más, para que la protección judicial fuera efectiva, realmente efectiva, era necesario (o mejor aún indispensable) que el legislador hiciera un colosal rediseño y reforzara el régimen de medidas cautelares, porque, en mi concepto, ningún ordenamiento procesal puede tildarse de tuitivo sino es robusto en la herramienta jurídica denominada materia cautelar.

Por eso el Código General del Proceso no es pacato en esa materia. Por el contrario, podríamos elogiarlo por su tenor ya que es audaz y generoso para que no se diga después que los derechos se van desvaneciendo en los procesos judiciales y que las sentencias de los jueces son simples proclamas de los mismos, atajadas por cualquier tecnicismo o mala interpretación de la doctrina jurisprudencial.

Prueba de ese rediseño es la posibilidad de decretar medidas cautelares discrecionales en cualquier proceso declarativo, cuando el juez, entre otros requisitos, halle plausible el derecho del demandante; la facultad de consumar cautelas en el marco de pruebas extraprocesales; otro claro ejemplo es la eliminación de la caución como requisito previo para ordenar embargos y secuestros en procesos ejecutivos.

El otorgamiento de un poder cautelar especial al juez de familia con fundamento en el cual podrá adoptar las medidas necesarias para proteger a la pareja, al niño, niña o adolescente, al discapacitado mental y a las personas de la tercera edad; el evento de pago provisional de alimentos en los procesos de investigación de la paternidad y la maternidad, para destacar algunas de las más importantes variaciones que establece l nuevo código de procedimientos.

Es entonces la medida cautelar una garantía, un respaldo, para que determinada obligación o acción se cumpla sin dilaciones.

Se trata, en últimas, de constitucionalizar una temática que tiene, incluso, cierta regulación en la Constitución Política, varias de cuyas normas expresamente se refieren a medidas cautelares.

Con esta perspectiva también se puede comprender por qué, a la par que se fortalece el derecho de persecución de los acreedores, se vigoriza en la justa medida el plexo de bienes inembargables.

Así, por vía de ilustración, se advertirá que en el Código no pueden ser objeto de cautelas el combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona contra quien se decretó la medida, ni los bienes destinados a la refrigeración de aquellos, como tampoco el computador personal ni los elementos indispensables para la comunicación personal.

Había que materializar en el código de procesos los derechos a una vida digna, a un mínimo vital, a la intimidad y a la información, entre otros.

Es necesario recordar que el Código General del Proceso también se aplica a los procesos contencioso administrativos, laborales, penales y arbitrales, en lo no previsto expresamente en sus respectivos estatutos, al igual que los rasgos de la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, de particular valía en un mundo cada vez más globalizado, para garantizar la práctica de decisiones relativas a custodia de hijos, alimentos provisionales, seguridad de bienes muebles e inmuebles, inscripción de demandas y administración e intervención de empresas.

En síntesis, las medidas cautelares acercan al ciudadano a una justicia real y efectiva, garantizan el cumplimiento de determinada obligación, y en casos más explícitos, buscan proteger de forma efectiva los derechos humanos ante situaciones de gravedad y urgencia, así como ante la configuración de situaciones que generen daños irreparables a las personas.

COLUMNISTA: JESUS FERNANDEZ DIZ. – ABOGADO LITIGANTE