La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, informó que ocupó 36 bienes que pertenecen a varios de los posibles responsables de un entramado de corrupción, en el que se desviaron $7.407 millones de pesos que eran para la atención de la primera infancia en Córdoba.

Según el reporte entregado, se trata de 29 inmuebles rurales; tres urbanos y cuatro vehículos ubicados en Montería y Cereté.

Este martes 23 de mayo, la directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Donado Sierra, informó que el avalúo preliminar de estos activos supera los $5.400 millones de pesos.

“Las propiedades aparecen a nombre de Mariela del Carmen Peña Sibaja, Jorge Luis Peña Atencio, Carlos Fernán Lázaro Arroyo y Cindy Isabel Bermúdez Cuitiva, quienes estuvieron vinculados a una fundación que, en 2015, suscribió un contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para asistir a niños y niñas menores de cinco años, y cuyo valor ascendió a $7.407 millones de pesos”, dijo.

La funcionaria del ente acusador agregó que “en desarrollo del proceso penal la Fiscalía estableció que los encargados de ejecutar el citado contrato se habrían apropiado de $2.705 millones de pesos. Por estos hechos, los señalados involucrados en los actos de corrupción fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado, y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.”.

Se supo que los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para su administración.