Artículo de opinión de Jesús Fernández Dix.
Esta columna rinde deliberadamente homenaje y así mismo, una ovación a la memoria histórica de la patria, al recordar la provechosa creación de nuestra Constitución actual, ya que con su innovadora fuente altruista hacia los derechos humanos supera en muchos aspectos a la anterior constitución que suscitaba más a la protección de los intereses del estado que a los intereses de la ciudadanía.
Como todos sabemos, hace 21 años, nació la Constitución Política de 1991, envuelta en el solemne manto multipartidista y en un salvoconducto que impulsaba el auge de la soberanía popular y la importancia de los derechos civiles y los derechos socioeconómicos y políticos dentro del aura de una democracia justa, trazando un hito trascendental en la historia colombiana. Ahora, es necesario hacer colación de las difíciles y cruentas circunstancias en las que dicha Carta Magna, creada por una asamblea nacional constituyente para el pueblo y por el pueblo surgió. En clases de sociales nos enseñan sobre la constitución política y su importancia para la convivencia civil. Sin embargo, poco se habla respecto a los acaecimientos engendrados por medio de la constitución anterior.
Por lo anterior, retomaremos de manera breve pero concisa con relación a la historia de Colombia antes de la constitución de 1991. Para empezar, La constitución del 1886 tenía en su centro al Estado por encima de la persona, entendiéndose con esto que en esta carta se hallaba primero la nación y su territorio y en el título III los derechos civiles y garantías sociales. El Estado era, según este modelo, el sistema intocable o prevalente en atención a que primero se pesaban los intereses del Estado y después los intereses del hombre, por manera que se presentaba conflictos entre una o determinado grupo de personas y el estado, se resolvían los conflicto favor de los intereses del Estado.
Cabe decir que a finales de la década de los 80, convergieron tres elementos para configurar una situación de crisis. En primer lugar, la crisis del llamado régimen frentenacionalista, que se venía gestando desde los años 70, con efectos negativos como la exacerbación del clientelismo, la falta de representatividad de los partidos y su fragmentación; En segundo lugar, fue evidente el deterioro del orden público, debido al aumento de la delincuencia común, la violencia de los grupos armados ilegales y, sobre todo, desde mediados de los 80, a las mafias del narcotráfico, que le declararon la guerra al Estado colombiano para impedir su extradición a Estados Unidos. Y, en tercer lugar, la tendencia de la ordenación económica colombiana a generar agudas desigualdades en la distribución del ingreso y altos niveles de hambre que provocaron revolución y consecuente levantamiento en armas y opresiones en muchas familias menos favorecidas.
Para colmo, a finales de los años 80, dichos factores se habían encadenado para producir el incremento de la violencia y la desestabilización política, cuyo catalizador fue la violencia ejercida por los narcotraficantes, que cobró entre sus víctimas a jueces, policías, altos funcionarios públicos, y ciudadanos comunes de cascos urbanos y rurales.
De tal forma que la Constituyente del 91 fue la oportunidad para que estos grupos ilegales abandonaran la lucha armada, a condición de participar, de manera activa, en la transformación de la sociedad por cauces institucionales y en pro de los derechos civiles y políticos que en aquel entonces estaban obsoletos.
En lo ateniente de la Asamblea Constituyente como escenario de paz con los narcotraficantes, hay que recordar que estos enfrentaron al Estado colombiano con múltiples estrategias: el asesinato de grandes figuras políticas y líderes sociales del país, la utilización del terror contra la sociedad civil, y la guerra directa contra el Estado, bajo la premisa «preferimos una tumba en Colombia y no una celda en los Estados Unidos».
Por lo mencionado precedentemente, podemos deducir que la constitución del 1886 tenía muchas limitantes en su modelo de estado que se semejaba a un modelo arcaico donde el poder absoluto estaba en cabeza del gobernante de turno. La Constitución del 1991 cambió el estado estatocentrico ha estado antropocéntrico en el que el hombre paso a ser el centro del estado y quedo situado la soberanía popular por encima de la Nacional.
Se estableció, además de los derechos fundamentales, los derechos socioeconómicos y una serie de mecanismos judiciales e instituciones para su exigencia, tales como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la acción de tutela y las acciones populares. Estos mecanismos han sido considerados por los colombianos como realmente eficaces para la exigencia de sus derechos frente al Estado y la administración pública.
En conclusión, , con todos los efectos y controversias que giran en torno a la corrupción y a ciertos vacíos normativos que aún falta enderezar, tuvo significativos cambios el pais con la configuración de un estado incluyente con todas las garantías concernientes en Derechos humanos como lo es nuestra constitución del 1991 y dichos cambios han ayudado a muchas personas a salvaguardar sus derechos fundamentales cuando estos se vean amenazados o vulnerados por entidades públicas o particulares que ejerzan funciones públicas en razón por mediante acciones de control constitucional como la acción de tutela, entre otras acciones en las que se le confiere al hombre absoluta preferencia frente a las acciones u omisiones del estado que vulneren dichos derechos fundamentales.