Un grupo de 33 académicos e investigadores en salud ambiental pidió al Gobierno colombiano no avanzar con la aspersión aérea de glufosinato de amonio para erradicar cultivos de uso ilícito hasta que las autoridades demuestren que evaluaron adecuadamente sus riesgos para la salud humana y el ambiente.
La solicitud quedó consignada en una carta abierta dirigida a la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, y a la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Zulma Cucunubá. Los firmantes advierten que reemplazar el glifosato por otro herbicida no garantiza, por sí solo, que la nueva sustancia sea más segura.
Los investigadores solicitan que cualquier decisión se apoye en evidencia científica verificable, estudios transparentes y medidas efectivas de protección para las comunidades y los ecosistemas que podrían quedar expuestos durante las operaciones.
¿Qué riesgos piden evaluar los investigadores?
La carta señala que el glufosinato de amonio tiene un perfil toxicológico propio, por lo que las autoridades deben examinarlo de manera independiente. Los firmantes consideran insuficiente evaluar únicamente el ingrediente activo y piden analizar también la formulación comercial completa, sus componentes adicionales, las dosis y las condiciones en las que se aplicaría.
Entre los aspectos que solicitan estudiar están la dispersión del producto fuera de las áreas previstas, conocida como deriva, y las posibles vías de exposición por inhalación, contacto con la piel, agua y alimentos. También plantean evaluar los riesgos para las personas que viven o trabajan cerca de las zonas de aspersión.
Los académicos destacan la necesidad de prestar especial atención a niños, mujeres embarazadas, personas mayores y habitantes con condiciones de salud preexistentes. Aclaran que la susceptibilidad depende de diferentes factores y que la evaluación debe establecer qué riesgos son relevantes en cada escenario.
La evidencia científica todavía tiene limitaciones
Los firmantes advierten que la información disponible no permite resolver todas las preguntas sobre los posibles efectos de una eventual aspersión aérea con glufosinato de amonio, especialmente en el largo plazo.
La carta menciona hallazgos experimentales relacionados con posibles efectos neurológicos y reproductivos observados en animales. Sin embargo, precisa que estos resultados no demuestran automáticamente que se produzcan los mismos efectos en seres humanos. Por eso, solicita que las autoridades examinen las dosis estudiadas, las vías de exposición y la correspondencia con las condiciones de uso que se proponen para Colombia.
Los investigadores también plantean utilizar modelos científicos para estimar la exposición, siempre que se expliquen sus supuestos, limitaciones e incertidumbres. Estos cálculos, advierten, no deben interpretarse por sí solos como una garantía de seguridad y deben contrastarse con información ambiental y territorial cuando corresponda.
Ante estas limitaciones, los firmantes piden aplicar el principio de precaución: la falta de evidencia concluyente no debe interpretarse como prueba de que una sustancia o una operación carece de riesgos.
Los antecedentes de la aspersión con glifosato
En su carta, los académicos recuerdan la experiencia colombiana con el glifosato y las controversias relacionadas con la exposición de comunidades, la posible afectación de fuentes de agua y los daños a cultivos de uso lícito.
La Corte Constitucional, en la Sentencia T-236 de 2017, estableció medidas de protección relacionadas con la aspersión aérea con glifosato y ordenó garantizar la consulta con comunidades étnicas de Nóvita, Chocó. La providencia también abordó la protección de los derechos a la salud y al ambiente sano, así como la aplicación del principio de precaución.
Este antecedente jurídico no significa que el glufosinato de amonio vaya a producir necesariamente los mismos efectos que el glifosato. Los propios firmantes reconocen que son sustancias diferentes. Su argumento es que la experiencia anterior obliga a evaluar de manera rigurosa los riesgos de cualquier nueva estrategia de aspersión.
¿Qué exigen antes de una eventual aplicación?
Los investigadores solicitan que las autoridades documenten el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales aplicables, la evaluación toxicológica y sanitaria del producto, y las medidas para proteger a las comunidades potencialmente expuestas.
También piden identificar previamente las viviendas, escuelas, fuentes hídricas, cultivos alimentarios y territorios étnicos que podrían verse afectados. La carta plantea garantizar la participación comunitaria y la consulta previa cuando corresponda, además de habilitar mecanismos de vigilancia, recepción de denuncias y respuesta ante posibles afectaciones.
Los firmantes sostienen que la evaluación debe considerar tanto los riesgos potenciales como la efectividad y proporcionalidad de la estrategia de erradicación, junto con las alternativas disponibles.
La petición: no avanzar sin una evaluación suficiente
En sus conclusiones, los 33 académicos rechazan que el cambio de un herbicida por otro se considere una garantía automática de seguridad. Por ello, solicitan mantener suspendida la implementación de las operaciones de aspersión aérea con glufosinato de amonio mientras las autoridades no acrediten que se han cumplido las condiciones necesarias y que los riesgos relevantes están adecuadamente caracterizados y gestionados.
La discusión se desarrolla en medio del análisis gubernamental sobre un eventual piloto de aspersión con esta sustancia. El 30 de septiembre de 2026, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes debatió las condiciones técnicas, sanitarias, ambientales y jurídicas que tendría que cumplir esa iniciativa antes de comenzar. Según lo expuesto por el Ministerio de Justicia durante la sesión, el piloto no podría avanzar si no se acreditan los requisitos correspondientes.
La carta fue firmada por los investigadores a título personal, sin comprometer institucionalmente a las universidades, asociaciones o entidades a las que pertenecen.





