El pasado 4 de julio, se conmemoraron los 30 años de promulgación de la Constitución Política de Colombia. Constitución que nació del liderazgo de una generación de colombianos que pudo, no solo leer la convulsionada, violenta y compleja realidad social colombiana; sino interpretar, comprender y proponer salidas propositivas por las vías democráticas; dentro de esas salidas, se construyó una nueva constitución política que representa un acuerdo o pacto social entre los distintos actores y sectores que representan la pluralidad y diversidad de la sociedad.

La Constitución del 91 repensó un nuevo contrato social moderno que, reemplazaba a la premoderna Constitución de 1886. Sin equívocos, la Constitución del 91 representa el pensamiento del mundo moderno; modernidad que permitió pensar y construir un orden social equitativo con libertades, que reconoce la pluralidad de pensamientos, ideologías; creencias que identifica la cultura colombiana y que hemos desconocido y hasta anulado por vías violentas y excluyentes.

Este ideario de libertades, justicia y dignidad humana, representan el proyecto de la modernidad; gesto las revoluciones modernas en Europa y el nacimiento de un orden social civilizatorio que, para el caso de América Latina, dicho ideario moderno motivó e impulsó proceso revolucionarios y emancipatorios; lo que inspiraron, en el caso de la Nación colombiana, los procesos de independencia y la construcción de la república.

En consecuencia, una de las razones que explican las distintas formas de violencia en la sociedad colombiana, es la permanente tensión entre un ideario moderno que representa un pensamiento transformador y unas condiciones sociales premodernas que desconocen y se resisten a cambiar y transformarse.

Por consiguiente, la Constitución del 91 representa un pensamiento y contrato social moderno, plural e incluyente, que no ha podido ser aplicado plenamente, porque Colombia sigue siendo en gran medida un país premoderno; es decir, no ha realizado los cambios estructurales en materia social, política, económica y cultural. De igual modo, los avances sociales alcanzados han sido traumático, violentos con un derramamiento de sangres permanente.

En este contexto, es necesario hacer mención del derecho a la educación superior pública, definida en la Constitución del 91, como un derecho fundamental garantizado por el Estado. Un derecho que debe ser masificado y democratizado sin sesgo ni exclusiones de cualquier naturaleza.

Solo a través del acceso a la educación y el conocimiento, una sociedad puede generar movilidad, transformación social y superar la barbarie e irracionalidad. Esta es una de las tareas pendiente de la Constitución del 91; cabe resaltar que, solo el 52% de los jóvenes colombianos acceden a la universidad, el 48% restante no tiene posibilidades de ingreso.

En este sentido, debe descentralizarse; en el entendido que, ciudades como Bogotá, Cali y Medellín tienen el 52% del total de la oferta educativa superior. Es decir, el centro del país posee la mayor cobertura en educación superior; lo anterior, en contraste con lo que sucede en muchas regiones de Colombia; departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés, no tiene universidades.

Esto refuerza la tesis que hemos analizado sobre el centralismo en Colombia; uno de los males que se ha tratado de corregir la Constitución del 91; pero, sin buenos resultados. Por ello, en estos 30 años de existencia de nuestra Carta magna, la reflexión y la acción debe centrarse en hacer realidad el contrato social que contiene la hoja de ruta de lo que Colombia debe hacer y construir para ser una nación moderna.

Ello implica dialogar y construir entendimiento entre las distintas visiones, ideologías y concepciones que hacen parte del debate público nacional; todas son necesarias para pensar y construir país. Una nación moderna se construye desde las diferencias y con los diferentes; solo así, es posible la inclusión y el reconocimiento.