El pulso entre el Gobierno y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tuvo un giro este martes.

La propia estructura, a través de su Estado Mayor, hizo circular un comunicado con fecha 23 de septiembre de 2026 en el que pone fecha y hora al fin del paro armado que decretó esta semana en Magdalena y La Guajira.

Según el texto, la medida, que inicialmente fue anunciada por 72 horas, se levantará el viernes 25 de septiembre a las 7:00 de la mañana.

A partir de ese momento, dice el grupo, comerciantes, conductores, tenderos, hoteleros y transportadores podrán volver a abrir y a movilizarse de forma gradual, siempre bajo las indicaciones de la Fuerza Pública.

En su primer punto, el grupo reconoce que en las últimas 48 horas hubo afectaciones graves y pide disculpas a la población que no tiene que ver con la confrontación: familias campesinas, comunidades indígenas, comerciantes y trabajadores del turismo.

La ACSN entregó su versión sobre el operativo del fin de semana en la zona rural de Santa Marta donde el Gobierno reportó la muerte de siete de sus integrantes, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo.

Para el Gobierno, Cholo era el segundo al mando y el jefe financiero de Los Pachenca. Para la ACSN, el hombre estaba dormido en su vivienda y fue asesinado frente a su esposa después de haberse entregado. En el mismo apartado denuncian la muerte de un joven de 18 años, que aseguran iba desarmado y que habría sido confundido con el hijo de alias Pinocho.

En los puntos siguientes, la organización hizo dos afirmaciones políticas. La primera, que su accionar responde a decisiones del Estado frente a ellos y que debe primar el respeto a la vida y al Derecho Internacional. La segunda, que desde el 7 de agosto, día en que se conoció la victoria presidencial de Abelardo De La Espriella, han insistido en sentarse en un proceso de sometimiento a la justicia con garantías de seguridad para sus miembros y para las comunidades.

También justifican su presencia armada en la Sierra como un muro de contención para evitar la entrada del Clan del Golfo a la zona, a quienes señalan de querer afectar a cafeteros, ganaderos y operadores turísticos.

La Presidencia ordenó el despliegue de 500 soldados y 600 policías en los corredores de la Troncal del Caribe y el traslado de 76 detenidos vinculados a esta estructura a cárceles de máxima seguridad.

El viernes a las 7 a.m. se sabrá si la orden de levantar el paro se cumple en el territorio.