El Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 150 de 2026 empieza a generar efectos más allá del frente social. Esta vez, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, puso sobre la mesa una preocupación clave: el golpe que sufrirá el recaudo municipal y el riesgo de incumplir indicadores fiscales.
Ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, la administración municipal presentó un paquete de propuestas para flexibilizar temporalmente las reglas presupuestales que hoy limitan el margen de maniobra de alcaldías y gobernaciones.
Entre las solicitudes está la posibilidad de reorientar rentas de destinación específica, utilizar recursos del balance y mover partidas presupuestales exclusivamente para atender la emergencia. También se pidió flexibilizar durante 2026 y 2027 los límites de gasto establecidos en la Ley 617 y los indicadores fiscales de la Ley 819 de 2003.
El punto más sensible es el recaudo del Impuesto Predial. Según el alcalde, la emergencia afectará la capacidad de pago de los contribuyentes, lo que podría reducir significativamente los ingresos propios del municipio.
La decisión final quedará en manos del Gobierno Nacional, que deberá definir qué medidas incorpora en los decretos legislativos del estado de excepción.





