El excanciller calificó como “plagado de irregularidades” el proceso que lo destituyó e inhabilitó por 10 años, y apelará el fallo que considera “mezquino y ruin” para el interés público.

En una contundente respuesta, el excanciller Álvaro Leyva rechazó la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años impuesta por la Procuraduría General de la Nación, luego de que el organismo lo hallara responsable de irregularidades en la licitación del contrato de pasaportes en la que participó Thomas Greg & Sons. Leyva, quien lideró la Cancillería hasta hace pocos meses, emitió un comunicado de 11 puntos en el que cuestiona la transparencia y legalidad del proceso que lo sancionó.

“La decisión está plagada de irregularidades”, declaró Leyva, asegurando que la entonces procuradora Margarita Cabello “no es autónoma, siempre hay alguien detrás”. El excanciller también criticó que el fallo de primera instancia fue emitido por una sala de juzgamiento conformada por un único funcionario, cuando el reglamento exige un tribunal de tres personas para decisiones de esta magnitud, algo que, según él, vulnera el debido proceso y constituye un vicio que invalidaría el fallo. “La nulidad se viene, se viene”, anticipó Leyva, manifestando su intención de impugnar la decisión y de considerar acudir a instancias penales si se demuestra dolo en el proceso.

Leyva defendió su rol en el proceso de contratación, argumentando que sus acciones estuvieron guiadas por principios de transparencia e igualdad. Señaló que la Procuraduría, al imponer esta sanción, ignoró evidencias clave que demostraban la existencia de irregularidades y la falta de competencia en el proceso de contratación, favoreciendo a un único proveedor. Según el excanciller, el organismo avaló la continuidad de los llamados “pliegos sastre” en la contratación pública, es decir, condiciones de contratación hechas a la medida de un solo participante. “La Procuraduría ha tomado una decisión mezquina y ruinosa para los intereses públicos”, añadió.

El excanciller fue más allá al cuestionar la independencia de las instituciones en Colombia, comparándolas con un “juego de azar” bajo control de intereses externos. “Las instituciones no pueden comprometerse con un juego de azar, como si estuvieran en un casino, el casino de la señora procuradora”, expresó en una de sus declaraciones más duras.

Finalmente, Leyva anunció que apelará la decisión ante las instancias judiciales, donde asegura que los jueces, a diferencia de la Procuraduría, actúan con verdadera autonomía e independencia. En su comunicado, reiteró su compromiso con la paz y la justicia en el país, y señaló que su lucha no solo busca reivindicar su nombre sino también preservar la transparencia en la función pública.