La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por considerar que incurrió en participación indebida en política. El motivo: un mensaje publicado en la red social X en el que Benedetti menciona una hipotética reelección presidencial de Gustavo Petro, figura actualmente prohibida por la Constitución colombiana.

En el trino, Benedetti escribió: “Ningún candidato a la Presidencia le ganaría a @petrogustavo si hubiera reelección. En las calles, el obrero, el vigilante y el policía me gritan ‘¡Viva Petro! ¡Viva Benedetti!’, mientras los del Country me ponen mala cara. Petro bajó el dólar, bajó la gasolina, no subió la papa ni el huevo”.

Para Cabal, ese tipo de afirmaciones constituyen una forma de promoción política encubierta, especialmente porque provienen de un funcionario activo del gabinete. En su denuncia formal, la senadora argumenta que Benedetti estaría defendiendo públicamente un interés inconstitucional, lo que configuraría una falta disciplinaria según la Ley 1952 de 2019.

La respuesta del ministro no se hizo esperar. En tono desafiante, Benedetti escribió: “Hay que dejar el susto. Es obvio que lo que yo digo es que Petro le ganaría a todos los candidatos, todos son TODOS, si hubiera reelección. Tengo derecho a opinar sobre si me gusta o no la figura de la reelección. Además, Petro no es candidato. Es como si alguien se quejara porque supuestamente yo salí a invitar a votar por ti cuando no eres candidata, después de haber sido derrotada por Paloma Valencia”.

El cruce entre ambos políticos se da en un contexto preelectoral marcado por tensiones entre el gobierno y sectores de oposición. Aunque la reelección presidencial está prohibida en Colombia desde la reforma constitucional de 2015, el debate sobre su pertinencia ha sido recurrente en círculos políticos y académicos.

La Procuraduría deberá ahora determinar si las declaraciones del ministro constituyen una infracción disciplinaria o si se enmarcan dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Mientras tanto, el episodio ha reavivado el debate sobre los límites entre opinión personal y participación política por parte de funcionarios públicos.