El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa una propuesta que podría modificar la manera en que se organiza la jornada escolar en los colegios públicos del país. Se trata de un proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Educación, actualmente en etapa de comentarios, que plantea avanzar en la implementación de la jornada única en los establecimientos educativos oficiales.
La propuesta, impulsada por la ministra de Educación, Viviane Morales, modifica algunas reglas relacionadas con la prestación y administración del servicio educativo. Entre sus disposiciones establece que las modalidades de contratación deberán propender por la implementación de la jornada única, de acuerdo con la legislación vigente.
Sin embargo, el proyecto no establece que todos los colegios públicos deban cambiar automáticamente sus horarios. La implementación dependería de que las entidades territoriales certificadas cuenten con condiciones como infraestructura, planta docente y demás recursos necesarios para desarrollar adecuadamente esta modalidad.
La jornada única implica una ampliación del tiempo que los estudiantes permanecen en las instituciones educativas y busca fortalecer las intensidades académicas y los procesos de formación integral. El propio Ministerio de Educación define esta modalidad como una estrategia orientada a fortalecer los aprendizajes, las competencias socioemocionales y ciudadanas y los proyectos de vida de los estudiantes.
El proyecto también plantea cambios en las reglas para la contratación de terceros para la prestación o administración del servicio educativo oficial. La iniciativa contempla la posibilidad de que entidades privadas y organizaciones, incluidas instituciones religiosas, participen en determinados esquemas de administración u operación de colegios oficiales, asunto que ya genera debate entre distintos sectores del ámbito educativo.
Desde el Ministerio de Educación se ha defendido la propuesta bajo el argumento de que los establecimientos continúan siendo oficiales y que la responsabilidad del servicio educativo permanece en las entidades territoriales. No obstante, sectores críticos han cuestionado el alcance de una mayor participación de operadores privados en la educación pública.
Por ahora, no hay un cambio general de horarios para los colegios públicos del país. El documento se encuentra en fase de consulta y, de avanzar, su aplicación dependerá de las condiciones de cada territorio y de las decisiones que adopten las autoridades educativas correspondientes.





