En esta nueva columna hablare de forma breve pero sucinta acerca de algunos de los preceptos normativos que giran en torno a la figura constitucional y legal denominada: la seguridad social, la cual se encuentra nombrada tanto en la Constitución, como en el Código sustantivo del trabajo y otras disposiciones concordantes.

Primero que todo, es de resaltar que la seguridad social, según la Constitución Política de 1991, trascendió el contrato de trabajo y se configuró bajo la forma de un servicio público de carácter obligatorio a cargo del Estado, pero también como un derecho fundamental irrenunciable de todos los habitantes del territorio Nacional. Los sistemas de seguridad social prevén unos ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, responsabilidades familiares tales como el embarazo y el cuidado de los hijos, y la pérdida del sostén de la familia. Al proporcionar asistencia médica, seguridad de los medios de vida y servicios sociales, la seguridad social contribuye a la dignidad y a la plena realización de los individuos.

Pero, ¿qué es la seguridad social? el Derecho a la seguridad social puede definirse como el conjunto de normas y principios que ordenan ese instrumento estatal específico de protección de necesidades sociales y específicamente de las relaciones jurídicas a que da lugar. En Colombia, de conformidad con el texto de la Constitución Política de 1991, la seguridad social como bien jurídico, objeto de protección en el ordenamiento colombiano, tiene una doble configuración. En primer lugar, de acuerdo con su artículo 48, es un servicio público “de carácter obligatorio” que se presta con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, bajo la dirección, coordinación y vigilancia del Estado; En segundo lugar, en armonía con el inciso segundo del artículo en cita, es un “derecho irrenunciable” en cabeza de todos los habitantes del territorio Nacional, que adquiere especial importancia y deriva en obligaciones puntuales para el Estado.

En términos un poco más desglosados, la seguridad social va encaminada hacia la protección de derechos fundamentales. Ahora bien, ustedes se preguntarán ¿por qué? Ya que a muchos se le viene a la mente conceptos típicos como, por ejemplo: la seguridad laboral e industrial en las empresas, prestaciones sociales, aportes a pensión y otros derechos de índole laboral.  Pues bien, pasa que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio tal como lo prescribe el artículo 48 constitucional, y su carácter imperativo no solo esta deprecado en la norma superior sino que además así lo ha expresado también  la Corte Constitucional reiteradamente en el sentido de que el derecho a la seguridad social es un derecho constitucional fundamental, dada su íntima relación, estrecha conexidad  con los derechos a la vida (art. 11), derecho al trabajo (art. 25) y a la salud (art. 49). Es por ende un derecho fundamental al tener intrínseca conexidad con derechos fundamentales previstos en la norma de normas.

Aunado a lo antedicho, el derecho a la seguridad social garantiza que todas las personas tengan acceso a una vida digna, ya que la dignidad humana se protege cuando por diferentes circunstancias, disminuye la capacidad laboral, incluye el derecho a recibir mejores prestaciones sociales con el fin de obtener amparo, en particular contra la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a: enfermedad, invalidez, accidente laboral, vejez, maternidad. Etc.

En sinopsis, es un hecho que la especial protección del derecho a la seguridad social, haciendo parte integra de este el derecho a las pensiones, tiene un asidero en normas de carácter constitucional e internacional, que por bloque de constitucionalidad, de acuerdo al reenvío de normas  que hace el artículo 93 de la carta magna, nos remite a convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado Colombiano y que buscan proteger y desarrollar el derecho fundamental a la seguridad social, coligiéndose los postulados normativos en el carácter antropocéntrico de la constitución, esto es, en la primacía del amparo de los derechos de los ciudadanos a falta de ingresos que le permiten tener una calidad de vida digna.