Según el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, durante la actual administración del presidente Petro se han incautado 889 toneladas de cocaína en 2024, destruido 5.261 laboratorios clandestinos y capturado 183 extraditables vinculados a redes internacionales del narcotráfico. Solo en el primer semestre de 2025, las autoridades reportaron 600 toneladas incautadas, un aumento del 20 % frente al mismo periodo del año anterior.

“Es la cifra más alta registrada en la historia del país y una de las más significativas a nivel global”, aseguró el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, durante su intervención en la XXXIX Conferencia Internacional para el Control de Drogas (Idec), celebrada recientemente en Nashville, Tennessee (EE. UU.).

Un ejemplo del impacto de la cooperación internacional liderada por Colombia fue el reciente decomiso de cuatro toneladas de cocaína en una embarcación abordada en costas españolas. La operación fue posible gracias a un trabajo de inteligencia conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, el FBI de Estados Unidos, la Guardia Nacional de España y las autoridades portuguesas.

La nave, que habría zarpado de Puerto López, en La Guajira, logró evadir el despliegue naval de EE. UU. en el Caribe, pero fue rastreada y detenida gracias a la información suministrada por las agencias colombiana y estadounidense.

Pese a los logros, la lucha antidrogas en Colombia sigue cobrando un alto precio. En lo corrido de 2024, 107 miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados, entre ellos 79 policías, en operativos relacionados con la erradicación de cultivos ilícitos y enfrentamientos con estructuras criminales.

Bajo esa premisa, el Gobierno lanzó en octubre de 2023 su nueva política antidrogas, que divide sus acciones en dos frentes:

  1. Una ofensiva contundente contra las estructuras criminales que se lucran del negocio global.
  2. La transformación social y económica de los territorios que históricamente han cultivado coca, ofreciendo alternativas productivas legales.

Esta estrategia busca desmontar el negocio del narcotráfico atacando sus cimientos sociales y económicos, no solo su expresión violenta.

Colombia ya no es solo un país que sufre las consecuencias del narcotráfico: es hoy un actor clave en el rediseño de la política global antidrogas, planteando alternativas reales y liderando una lucha que busca ser eficaz, justa y sostenible.