Luz Aleyda Meliton Soto y César Armando Báez Beltrán fueron obligados a realizar todo tipo de tareas sin descanso, bajo amenazas constantes y sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales dignas. A cambio, recibían pagos esporádicos de apenas 3.500 pesos diarios o, en ocasiones, sustancias ilícitas. La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, demostró que la agresora aprovechó la vulnerabilidad económica de la pareja para explotarlos sistemáticamente entre 2007 y 2014.
Este caso se suma a las dolorosas historias que emergen del Bronx, una zona intervenida en 2016 por el Estado para erradicar focos de delincuencia y abuso. Sin embargo, el proceso judicial contra Duarte representa una victoria para las víctimas, una señal de que la justicia puede alcanzar incluso los rincones más oscuros de la exclusión social. La sentencia reconoce no solo el sufrimiento vivido, sino también la necesidad de garantizar que crímenes de esta naturaleza no queden impunes en Colombia.





