La representante a la Cámara Katherine Miranda elevó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que se investigue un contrato por 10.000 millones de pesossuscrito por la Presidencia de la República, presuntamente destinado a brindar asesoría y defensa al presidente Gustavo Petro luego de su inclusión en la denominada Lista Clinton.
Según la congresista, el acuerdo genera serias dudas sobre el uso de recursos públicos para atender un asunto que, a su juicio, tendría implicaciones de carácter personal y político, más que institucional. Por esta razón, pidió a los organismos de control establecer si el contrato cumple con los principios de legalidad, necesidad y conveniencia, así como verificar la correcta destinación de los fondos.
Miranda sostuvo que es indispensable esclarecer bajo qué justificación se autorizó una contratación de ese monto, quiénes serían los beneficiarios directos de los servicios contratados y si existió un proceso transparente de selección. Asimismo, solicitó que se determine si la Presidencia estaba facultada para asumir este tipo de gastos con cargo al presupuesto nacional.





