El Consejo de Estado negó una acción de tutela presentada contra el presidente Abelardo de la Espriella y dos integrantes de su Gobierno, por presuntas vulneraciones a los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado colombiano.

La decisión fue adoptada por la Sección Quinta de la corporación, que concluyó que las actuaciones cuestionadas no vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y la libertad de conciencia.

La acción judicial señalaba un supuesto favorecimiento hacia la religión católica y la fe judía, reflejado en ceremonias públicas, declaraciones del mandatario, publicaciones en redes sociales y utilización de recursos públicos. Uno de los episodios examinados fue la participación de De la Espriella en la denominada ‘Gran Velatón por Colombia’, durante la cual coronó una imagen de la Virgen de Fátima.

El accionante consideró que este acto representaba un favorecimiento a la religión católica por parte del Gobierno. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que la ceremonia estaba integrada a una jornada de acompañamiento humanitario a las víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 y de búsqueda de cohesión social frente a la tragedia.

La corporación también revisó los recursos destinados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para la producción técnica, artística y audiovisual de la actividad. Según el tribunal, esos gastos respondieron a una finalidad contractual y secular, vinculada a un evento de interés público.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la expresión ‘Viva Cristo Rey’, utilizada por el presidente durante su posesión y en otros discursos. Sobre este punto, la Sección Quinta consideró que el mandatario, aunque representa al Estado, conserva sus derechos individuales a la libertad de conciencia, de culto y de expresión. Por esa razón, concluyó que el uso de dicha expresión no constituía por sí mismo una vulneración de los principios de neutralidad religiosa y laicidad.

La decisión se conoció el mismo viernes en que la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió otra tutela contra el presidente, esta vez relacionada con expresiones dirigidas a personas que profesan convicciones no religiosas.

En ese segundo proceso, el alto tribunal sí amparó los derechos a la igualdad y a la libertad de conciencia de un ciudadano ateo, al considerar discriminatoria una afirmación del mandatario en la que calificó al ateísmo como enemigo de los valores fundamentales de la nación.

En consecuencia, ordenó al presidente emitir un pronunciamiento público de reconocimiento de la protección constitucional de las convicciones no religiosas y retirar, junto con el Ministerio de las Culturas, las publicaciones que contenían ese discurso.