La emergencia económica anunciada por el presidente Gustavo Petro entró en revisión dentro de la Corte Constitucional. El presidente del alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, elevó una solicitud formal ante la sala plena para que se estudie la posibilidad de decretar la suspensión provisional del decreto expedido por el Ejecutivo en respuesta a la crisis fiscal.
La petición busca que los magistrados analicen si la aplicación inmediata de las medidas adoptadas bajo el amparo de la emergencia podría generar efectos irreversibles o producir consecuencias que vulneren la Constitución. Según el planteamiento del magistrado Ibáñez, resulta necesario evaluar con especial cuidado el alcance del decreto mientras avanza el control constitucional correspondiente.
El estudio del caso quedará en manos del magistrado Carlos Camargo, quien asumirá el análisis una vez concluya la etapa de recaudo de pruebas, cuyo plazo vence en la tarde de este miércoles 21 de enero. A partir de ese momento, se definirá si existen méritos suficientes para adoptar medidas cautelares que frenen temporalmente la vigencia del decreto.
La eventual suspensión provisional no implica una decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la emergencia económica, pero sí marcaría un paso relevante en el control judicial de las facultades extraordinarias invocadas por el Gobierno. La decisión que adopte la Corte podría tener un impacto significativo tanto en la política económica del Ejecutivo como en el debate jurídico sobre los límites del estado de excepción.
