La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, calificó como «inadmisibles» las amenazas realizadas por el Clan del Golfo contra los establecimientos de Supergiros, una empresa que juega un papel fundamental en la distribución de subsidios como Colombia Mayor y Renta Ciudadana. Este tipo de agresiones pone en riesgo a miles de personas vulnerables que dependen de estos recursos para su sustento diario.

“Si Supergiros no abre, estas personas no podrán cobrar sus subsidios. Estamos hablando de adultos mayores, muchos de ellos con este único ingreso. Es algo que no podemos permitir como sociedad”, afirmó Marín Ortiz, en un pronunciamiento contundente contra las intimidaciones y los recientes ataques armados que han afectado a la empresa.

La situación es especialmente grave no solo por el impacto en los beneficiarios, sino también en los trabajadores de Supergiros. Según la Defensora, un 80 % de los empleados de esta empresa son mujeres que, debido a las amenazas y agresiones, se ven imposibilitadas de cumplir con su labor. Esta crisis afecta tanto a la estabilidad económica de las empleadas como a la operación de una red esencial para millones de ciudadanos.

Durante el fin de semana, locales de Supergiros en Barranquilla y Luruaco fueron atacados con armas de fuego, intensificando la sensación de inseguridad. Además, a principios de noviembre, una trabajadora de la empresa fue asesinada en Bosconia, Cesar, lo que marcó un preocupante precedente sobre los riesgos que enfrenta el personal de esta red de servicios.

Marín Ortiz señaló que estas acciones no son aisladas, sino reflejo de la creciente hegemonía del Clan del Golfo en diferentes regiones del país. “Encontramos presencia del Clan del Golfo en departamentos como Córdoba, Bolívar, Antioquia, Chocó, Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Norte de Santander, Casanare y Vichada. Desafortunadamente, este grupo armado ha consolidado su control en estos territorios, ejerciendo una influencia que atenta directamente contra las comunidades más vulnerables”.

La Defensora exigió al Clan del Golfo retirar inmediatamente cualquier tipo de amenaza contra Supergiros, subrayando que sus actos afectan de manera directa a personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, instó al Gobierno Nacional a redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de los empleados de la empresa y de las personas que utilizan sus servicios.

“El acceso a los subsidios es un derecho fundamental para estas comunidades. Las autoridades deben actuar con prontitud para restablecer el orden y proteger tanto a los trabajadores como a los beneficiarios de los programas sociales”, concluyó Marín Ortiz.