Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación volvió a poner bajo escrutinio el proceso de elección del rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC). La acción judicial señala a la delegada de la Presidencia ante el Consejo Superior, Juliana Guerrero, y al delegado del Ministerio de Educación, Xavier Estrada Escudero, entre otros consejeros, por presuntas irregularidades que habrían incidido en la designación de Guillermo Andrés Echavarría Gil.
Según el documento divulgado por Semana, el abogado Belisario Jiménez Lúquez sostiene que existió un presunto “concierto” entre algunos integrantes del Consejo Superior para orientar la elección del rector, lo que, a su juicio, habría implicado una “instrumentalización” del órgano directivo de la universidad. La denuncia menciona posibles conductas relacionadas con prevaricato por acción y concierto para delinquir, aunque estos hechos aún no han sido establecidos por la justicia y deberán ser objeto de investigación.
La controversia se suma a los cuestionamientos que desde marzo rodean la elección de Echavarría Gil. En ese momento, diversos sectores académicos y jurídicos cuestionaron la rapidez de la sesión del Consejo Superior y el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar la rectoría. Posteriormente, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente al rector al considerar, de manera preliminar, que no acreditaba la experiencia requerida al momento de su inscripción.
Por ahora, la denuncia deberá surtir el trámite correspondiente ante la Fiscalía, que definirá si existen méritos para avanzar con una investigación formal. Mientras tanto, el proceso de elección del rector de la UPC continúa siendo objeto de controversia judicial y administrativa.





