En una auditoria que la Contraloría General de la República le hizo al municipio de Coveñas correspondiente a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), de propósito general (excepto deporte y cultura).
Así como asignación especial al Fonpet y desahorro Fonpe, de las vigencias 2020 y 2021, detectó 19 hallazgos, de los cuales cuatro tienen presunto alcance penal y nueve incidencias fiscales por $1.490.906.619.
Es así que dentro de los hallazgos con presunta incidencia penal está el suscrito durante la vigencia 2021 por el Municipio con la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Salud (EDUSA).
Cuyo objeto era la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), por un valor de $741.070.296, el cual fue financiado con los recursos del Sistema General de Participaciones, de libre destinación y alimentación escolar.
En ese contrato el ente fiscal detectó unas presuntas irregularidades que tienen que ver con los estudios previos.
Pues el Municipio para escoger el número de población educativa beneficiada, tuvo en cuenta las certificaciones expedidas por los rectores de las instituciones educativas y por la Secretaría de Desarrollo Social municipal y no la registrada en el SIMAT ni la certificada por el Departamento de Sucre, cuando el municipio es un ente no certificado en educación.
Además, indica la Contraloría, que, en la inspección efectuada al SIMAT, se pudo determinar que el Municipio de Coveñas no registró en dicho aplicativo la estrategia de alimentación escolar con el número de cupos, ni las instituciones educativas priorizadas, que permitiera establecer los cupos reales a atender, como tampoco fueron relacionados los niños beneficiarios del programa.
De igual manera, la Fundación no aportó los subcontratos celebrados con el personal que laboró para desarrollar su objeto social ni el contrato del servicio de transporte de paquetes alimentarios, como tampoco los soportes de la compra de alimentos.
Duplicidad
Sostiene la Contraloría que una vez efectuado el cruce de información reportado por los dos entes territoriales (Gobernación y Alcaldía) y por el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT).
Se pudo determinar una presunta duplicidad en la entrega de 983 paquetes alimentarios, por parte del Municipio de Coveñas, que entregó paquetes alimentarios durante el mismo tiempo de consumo y al mismo beneficiario, debido a la falta de articulación entre los dos entes territoriales.
Para la Contraloría eso pasó por la falta de una focalización de los beneficiarios del PAE y una priorización de las instituciones educativas, lo que ocasionó que no se ampliara la cobertura de niños atendidos respecto a la población matriculada en el SIMAT, la cual ascendía a 2.405 niños.
Otro hallazgo penal fue encontrado en el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de campaña pedagógica a mujeres en situación de vulnerabilidad, para sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia y discriminación, por un valor de $19.999.999.
Ahí señala la Contraloría que la población afectada por el problema es de 4.728 personas, pero que, con miras a lograr los objetivos específicos, se seleccionaron solo 20 mujeres para capacitar.
No obstante, lo anterior, no se evidencia en el contrato una focalización de la población, de tal manera que no es posible determinar qué elementos, factores, criterios, condiciones o requisitos cumplían estas mujeres para haber optado a las sesiones de capacitación.
Solo 12
De acuerdo a las planillas de asistencia, de las 20 mujeres a capacitar, solo asistieron a los eventos de capacitación 12 personas, sin que el Municipio en aparte alguno del contrato justificara el porqué de la reducción drástica en la participación.
Indica la Contraloría, que en la verificación en campo adelantada por el equipo auditor a 7 de las 12 beneficiarias que suscribieron las actas del contrato, se logró determinar que solo 2 de ellas asistieron a 2 eventos, 3 más asistieron a una sola sesión y los 2 restantes nunca asistieron a este tipo de capacitaciones.
Los hallazgos penales detectados en la auditoria, también tienen incidencias disciplinarias y fiscales.
“De estas 7 mujeres de la muestra, ninguna cumplió todo el ciclo de capacitaciones. En este sentido se tiene que solo 5 mujeres fueron beneficiarias del contrato.
Esto es una representación de tan solo el 0,1% de la población afectada, porcentaje que no es representativo ni aporta materialidad sustancial para lograr el cometido de los objetivos registrados al inicio de esta observación”, cuestionó la Contraloría.
Así las cosas, dice la Contraloría que se estima la ocurrencia de un detrimento patrimonial al Estado, por la totalidad del valor del contrato.
Finalmente, la Contraloría manifestó sobre este contrato que el cuerpo de charlas, que era reducido, no se ejecutó en su totalidad, pues de 16 actividades, se dejaron de ejecutar 5 de estas, es decir, se ejecutó el 69 %.
La Contraloría halló también presuntas irregularidades en el contrato que suscribió el Municipio, por la modalidad de contratación directa y cuyo objetivo era la prestación del servicio de apoyo a la gestión.
En él, el ente fiscal evidenció cotizaciones, que sus supuestos emisores dijeron al ente de control, que no habían elaborado o prestado ese servicio, ni tampoco habían participado en el proceso de contratación.
Para la Contraloría, esto se considera como presuntas irregularidades que cuestionan la legitimidad del contenido del contrato.
Dice la Contraloría que eso sucedió por debilidades en los mecanismos de control de la entidad y actuar presuntamente irregular por parte de funcionarios que participan en la estructuración de procesos pre contractuales.
Lo que genera una posible ocurrencia de una conducta del orden punible y una disciplinaria.
Otra presunta anomalía, que para la Contraloría se convierte en hallazgos penales, disciplinario y fiscal, fue la detectada en el contrato, cuyo objetivo es el mantenimiento de los polideportivos de los sectores Isla de Gallinazo-Gulf y Torrente Indígena.
Ahí señaló la Contraloría que existe un faltante por cantidades de obra no ejecutadas por $3.968.413, correspondientes al ítem 2.2, que es de pintura acrílica.
También que se halló una diferencia entre las cantidades del ítem 2.2. (pintura) en los dos polideportivos intervenidos (Torrente Indígena y La Gulf).
Lo anterior, se generó por una gestión fiscal antieconómica e ineficiente por parte de la Administración municipal debida al inadecuado seguimiento y control a la actividad contractual y por la falta de rigor en la supervisión técnica a cargo de la Secretaría de Planeación.
Para la Contraloría esto ocasionó un detrimento al patrimonio del Estado por $3.968.413, correspondiente al valor de los ítems pagados, pero no ejecutados.
Otras anomalías
Sostiene la Contraloría que el Municipio efectuó erogaciones no permitidas con los recursos del SGP, de propósito general– libre inversión, correspondientes a transferencias realizadas a resguardos indígenas, respecto de las cuales no se hallaron soportes que permitieran determinar el destino final de los recursos transferidos.
Así mismo, desde la vigencia 2015, el Municipio adquirió un lote para la construcción de un hospital y otra infraestructura, pero las obras no se adelantaron porque no había estudios ni diseños que demostraran su viabilidad.
Por lo que esto generó un detrimento de los recursos del SGP por $1.273.627.913 que cubrieron las obligaciones bancarias para la adquisición del mismo.





