La crisis política y financiera que sacude a Paraguay tuvo este viernes un nuevo episodio. El expresidente Santiago Peña fue detenido por la Policía Nacional en su residencia de Asunción, horas después de que el Senado aprobara su destitución en medio de las investigaciones por el colapso de Ueno Bank.
La orden de detención fue emitida por la Fiscalía, que investiga al exmandatario por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con la crisis de la entidad financiera. La medida establece que Peña deberá permanecer bajo arresto domiciliario hasta ser puesto a disposición de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
La decisión judicial se produjo después de que el Senado lo declarara responsable de mal desempeño de sus funciones durante un juicio político. Los 44 senadores presentes votaron a favor de su destitución, con lo que Peña perdió la investidura presidencial y los fueros que habría podido obtener como senador vitalicio.
El escándalo comenzó tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay, luego de detectarse graves problemas de solvencia. La situación afectó a cerca de tres millones de clientes, quienes quedaron temporalmente sin acceso a sus ahorros y servicios bancarios.
Las investigaciones también pusieron bajo la lupa los vínculos empresariales del exmandatario con el grupo propietario de la entidad. Peña había tenido participación accionaria en la compañía matriz del banco hasta marzo de 2025. Legisladores cuestionaron posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y fondos de pensiones.
El expresidente ha negado haber cometido irregularidades y sostiene que quienes resulten responsables de los problemas de la entidad deben responder ante la justicia.
En medio de este panorama, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay para completar el periodo de gobierno, que debía extenderse hasta agosto de 2028.
La detención de Peña marca un hecho de gran impacto político para Paraguay, que ahora enfrenta el desafío de esclarecer las responsabilidades por el colapso bancario, atender a los ahorradores afectados y recuperar la confianza en sus instituciones.





