Un nuevo frente de tensión sacude al país. Esta vez, el centro del debate no es menor: los ahorros pensionales de miles de colombianos. El detonante fue el Decreto 0415 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, que ordena a los fondos privados trasladar cerca de $25 billones a Colpensiones. La medida, según el Ejecutivo, busca equilibrar las cuentas del sistema público y responder a obligaciones con afiliados que decidieron cambiar de régimen.
Sin embargo, la reacción no se hizo esperar.
Desde el gremio Asofondos, su presidente Andrés Velasco lanzó una advertencia que encendió las alarmas: “Colombianos, estos son los únicos ahorros que tenemos para garantizar las pensiones en el futuro”.
La frase rápidamente se viralizó y puso sobre la mesa una preocupación de fondo, el Gobierno defiende la medida asegurando que los recursos pertenecen a afiliados que ya se trasladaron a Colpensiones, esto quiere decir que el dinero debe estar donde se reconocerán sus pensiones, ya que el decreto solo buscaría evitar un desbalance financiero en el sistema público.
El decreto estaría enfocado en los recursos de las personas que se trasladaron aprovechando la llamada “ventana de oportunidad”, mecanismo que permitió a miles de colombianos cambiarse del régimen privado al público. Según el Gobierno, esos recursos deben ser enviados a Colpensiones para cubrir las pensiones que allí se reconocerán. Sin embargo, desde el sector privado la lectura es completamente distinta.
Desde el gremio Asofondos, su presidente Andrés Mauricio Velasco rechazó con contundencia la medida y cuestionó la justificación del Gobierno:
“A nosotros nos parece que ese argumento de que se necesitan recursos para pagar esas pensiones… nos parece inválido”.
Pero desde los fondos privados la lectura es completamente distinta, ya que, aseguran que el decreto cambia las reglas de juego, por tanto, advierten que los recursos estaban diseñados para generar rendimientos a largo plazo y cuestionan la rapidez del traslado, que se haría en cuestión de semanas.
La medida impacta a más de 100 mil afiliados, principalmente:
- Personas cercanas a pensionarse
- Ciudadanos que decidieron cambiarse del régimen privado al público
Para muchos expertos, el punto crítico no es el traslado en sí, sino la forma acelerada en que se ordena ejecutar.





