El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, después de que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran versiones diferentes del proyecto. La discrepancia impidió completar el trámite legislativo dentro del plazo legal, aunque ambas corporaciones votaron favorablemente la iniciativa.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicaron que el presupuesto no fue hundido ni rechazado por el Congreso. El Ejecutivo aplicará el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que establece que, si el Legislativo no expide el presupuesto antes de la medianoche del 20 de octubre, regirá el proyecto presentado por el Gobierno con las modificaciones aprobadas en primer debate.

¿Qué pasó con el presupuesto de 2027?

El problema surgió durante las sesiones finales del trámite presupuestal, cuando las dos cámaras terminaron aprobando textos que no coincidían en uno de sus artículos.

Según la información publicada por El País, la diferencia se encontraba en el artículo 65, relacionado con la forma de pago de coberturas financieras del Estado. Una proposición que se había retirado durante el trámite en el Senado terminó incorporada en el texto votado por la Cámara.

Como el Congreso no alcanzó a conciliar esa diferencia antes del vencimiento del plazo, el proyecto no pudo convertirse en ley. Por eso, el Gobierno optó por aplicar el mecanismo previsto en la legislación presupuestal.

El vicepresidente Restrepo confirmó el anuncio en un mensaje divulgado el 21 de octubre. El funcionario insistió en que la expedición por decreto responde a una dificultad en el procedimiento y no a un rechazo del presupuesto por parte de los congresistas.

¿Qué pasará con los $634,9 billones?

El monto general del presupuesto se mantendrá en $634,9 billones, pero la distribución que regirá será la correspondiente al proyecto presentado por el Ejecutivo, con los cambios aprobados durante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso.

Esto significa que no necesariamente se conservarán todas las modificaciones que los congresistas aprobaron durante las sesiones plenarias. Entre los ajustes que podrían quedar por fuera están recursos adicionales para el sector salud y subsidios de energía y gas.

De acuerdo con el reporte de El País, los cambios posteriores al primer debate incluían $3 billones adicionales para las EPS y otros $3 billones para financiar subsidios de electricidad y gas. Esos recursos no quedarían incorporados en el decreto bajo la aplicación del artículo 59, según la reconstrucción publicada por ese medio.

El Ministerio de Hacienda había informado, tras las votaciones del 20 de octubre, que el texto aprobado por el Congreso incluía recursos adicionales para salud, pensiones, educación superior y subsidios energéticos. Sin embargo, la expedición por decreto cambia la referencia normativa para establecer qué modificaciones pueden incorporarse al presupuesto definitivo.

¿Qué dice el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto?

El artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, contenido en el Decreto 111 de 1996, contempla qué ocurre cuando el Congreso no expide el presupuesto dentro del plazo establecido.

La norma dispone que, si el Legislativo no aprueba el presupuesto antes de la medianoche del 20 de octubre, regirá el proyecto presentado por el Gobierno, incluidas las modificaciones aprobadas en primer debate.

Esta disposición permite que el Estado cuente con un presupuesto para la siguiente vigencia fiscal sin depender de que el Congreso complete la aprobación de una ley dentro del plazo. En este caso, el Ejecutivo anunció que utilizará ese mecanismo para fijar las apropiaciones de 2027.

¿Se pueden modificar después las partidas presupuestales?

El decreto definirá el marco presupuestal aplicable para 2027 con base en el proyecto y los ajustes que permite la norma. No obstante, el Gobierno todavía podría presentar una nueva iniciativa legislativa para proponer modificaciones, como han planteado algunos congresistas.

Por ahora, el anuncio no significa que todas las partidas discutidas en las plenarias vayan a quedar vigentes. La distribución definitiva dependerá del texto expedido y de las disposiciones que efectivamente se incorporen en él.

La diferencia entre los documentos aprobados por Cámara y Senado terminó así por cambiar la ruta de aprobación del presupuesto nacional: en lugar de convertirse en ley, el Ejecutivo recurrirá al mecanismo legal previsto para estos casos.