El juzgado tercero penal municipal de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, por su presunta participación en el desvío de 3.000 millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía presentó pruebas que incluyen registros digitales, testimonios y datos de localización, vinculando a Ortiz con los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, Ortiz habría actuado como intermediaria en el desvío de recursos provenientes de un contrato de 11.000 millones de pesos en el departamento del Atlántico, utilizando vehículos oficiales para trasladar los fondos.

Las investigaciones señalan que los recursos desviados estaban destinados al financiamiento de una campaña política al Concejo de Bogotá. Además, se identificaron reuniones clave en dependencias presidenciales durante septiembre de 2023, donde presuntamente se coordinó el movimiento irregular de los fondos.

El caso también involucra a otros altos funcionarios, entre ellos el antiguo director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien habría autorizado el manejo irregular de contratos públicos. Con la detención de Ortiz, ya son siete los procesados en esta investigación por irregularidades en la UNGRD, que apunta a una red de corrupción en la gestión de contratos estatales.