La Fiscalía General de la Nación confirmó la extinción de dominio sobre 23 propiedades avaluadas en más de 65.900 millones de pesos, pertenecientes al contratista cordobés Emilio José Tapia Aldana, la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen, y otros empresarios vinculados al escándalo de Centros Poblados.
De acuerdo con la investigación, los bienes, entre ellos predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos comerciales y acciones en sociedades, se encuentran en Atlántico, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Risaralda y Nariño. Según los elementos probatorios, habrían sido adquiridos con recursos provenientes del anticipo irregular entregado por el Ministerio TIC a la Unión Temporal Centros Poblados, contrato que buscaba instalar más de 7.000 centros digitales en zonas rurales.
La medida también cobija propiedades de Juan José Laverde Martínez, vinculado a la aseguradora Rave Seguros; Ottomar Lascarro Torres, contratista; y Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal. Asimismo, se incluyó un inmueble de la exministra Abudinen, quien renunció en 2021 tras el escándalo que marcó el gobierno del expresidente Iván Duque.
La Dirección Especializada de Extinción de Dominio explicó que estas acciones buscan proteger y recuperar los recursos públicos comprometidos en el proyecto, considerado uno de los mayores desfalcos recientes en el sector de las telecomunicaciones. La Contraloría General también emitió medidas de responsabilidad fiscal sobre algunos de los bienes afectados.
La decisión se conoció pocas horas después de que Emilio Tapia, uno de los principales protagonistas del caso, fuera visto en Barranquilla con un esquema de seguridad, tras quedar en libertad por orden judicial mientras avanzan los procesos en su contra.
El escándalo de Centros Poblados, que estalló en 2021, reveló un “tumbe” cercano a los 70.000 millones de pesos al Ministerio TIC, dinero que debía garantizar conectividad en las escuelas más apartadas del país. Hoy, las autoridades insisten en que la recuperación de los bienes es clave para resarcir el daño causado al erario y enviar un mensaje contra la corrupción en la contratación pública.





