Una red dedicada a la explotación infantil fue desmantelada en Medellín, tras una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación. Ocho personas fueron imputadas por presuntamente instrumentalizar a niños y niñas indígenas de la etnia Embera Katío para ejercer mendicidad en espacios públicos, con fines lucrativos.
La operación judicial reveló que los menores, algunos de ellos con menos de cinco años, eran utilizados para abordar turistas en zonas como el Parque Lleras y Provenza, en el barrio El Poblado. Les pedían leche, pañales y medicamentos, que luego eran revendidos en droguerías y otros comercios cercanos. Según el ente acusador, la red habría obtenido ganancias ilícitas superiores a los 2.000 millones de pesos anuales, con ingresos mensuales que alcanzaban los 180 millones.
Los procesados fueron identificados como Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Wilfredy Johan Godoy Villamizar, Nahomi Karlais López Goyo, Yosmairi Coromoto Barrios, Ángela del Valle Valera Graterón y Yajaira Alejandra Hernández Correa. Todos fueron presentados ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores con fines de mendicidad. Ninguno aceptó los cargos.
Gracias al trabajo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, se logró el restablecimiento de derechos de más de 900 menores afectados durante los últimos dos años. Además, fueron cerradas tres farmacias que presuntamente participaban en la comercialización de los productos obtenidos mediante estas prácticas.
Por decisión judicial, los ciudadanos extranjeros deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que López Sánchez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
