La Fiscalía General de la Nación anunció la emisión de órdenes de captura contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo jefe del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, y otros cabecillas del Frente Dagoberto Ramos, por su presunta responsabilidad en un genocidio contra el pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca.
De acuerdo con las investigaciones, estas estructuras armadas serían responsables de 32 ataques sistemáticos cometidos desde 2022, que dejaron 43 víctimas entre ellas 16 comuneros indígenas, 14 líderes y autoridades tradicionales, 8 firmantes del Acuerdo de Paz y 5 sabedores ancestrales. Los hechos incluyen homicidios, tentativas de homicidio y desplazamientos forzados, lo que para el ente acusador configura un patrón de exterminio planificado con el objetivo de despojar tierras y controlar territorios indígenas.
La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que el proceso se sustentó en un trabajo interdisciplinario en terreno, con participación de analistas criminales, antropólogos y expertos en atención a víctimas, además de un acercamiento directo con las comunidades Nasa para comprender su organización, cosmovisión y costumbres. Este enfoque permitió identificar la sistematicidad de los ataques y la intencionalidad de exterminio.
Las órdenes de captura cobijan a al menos 13 integrantes del EMC, entre ellos tres cabecillas, cinco comandantes de comisión, un comandante de milicias y tres militantes. Entre los señalados figuran Óscar Eduardo Sandoval Noscué, alias Andrés o El Mocho, y otros líderes del Frente Dagoberto Ramos.
El caso ha generado amplia preocupación en el país, pues se trata de uno de los procesos judiciales más contundentes contra las disidencias de las FARC en los últimos años. Organizaciones indígenas y de derechos humanos han exigido que se garantice la protección de las comunidades afectadas y que se avance en la judicialización de los responsables para evitar la impunidad.
La Fiscalía reiteró que los ataques contra los pueblos indígenas no solo constituyen delitos de homicidio y desplazamiento, sino que, por su carácter sistemático y dirigido a un grupo étnico específico, configuran el delito de genocidio, tipificado en el derecho internacional y en la legislación colombiana.





