En esta columna me enfocare en lo relacionado a las garantías constitucionales para una vida digna, derecho esencial e innominado que menciono a colación recodando el viral comentario hecho por la vicepresidenta electa Francia Márquez en el que resaltó que ¡vivir sabroso! No significa, en términos parafraseados: “que todo tiene que ser regalado ni tampoco es sinónimo de pereza o sedentarismo sino que implica vivir íntegramente en dignidad, vivir y andar sin miedo en la comunidad, vivir con plenas garantías de derechos humanos, vivir sabiendo que la paz en Colombia es posible”.

Encuentro en su intervención sobre las nociones de ¡vivir sabroso! mucha razón considerando que al tener paz interior podemos vivir mejor, entendiéndose esta virtud como la tranquilidad de saber que el conflicto armado, la guerra entre grupos armados ilegales y fuerzas armadas Nacionales disminuye; el sosiego de saber que los desfalcos y despilfarros administrativos tendrán un cese por los intereses y en favor de la ciudadanía; la tranquilidad de estar al corriente que la salud, la educación, y la alimentación de los niños tendrá más pinta derechos esenciales que de prosaicos negocios. Vivir sin zozobra ante el malestar de la corrupción y todos los que la patrocinan es, en esencial, vivir sabroso.

Si el derecho a una vida digna, (o como le llama la vicepresidenta electa, una vida sabrosa) se cifra en que es importante estándares esenciales como el derecho a la salud, alimentación, vivienda, trabajo, bienestar, en suma, en medios de vida vitales para el desarrollo sostenible y el derecho a una vida digna es reconocido como un derecho de libertad, la libertad se cifra en la vida misma. La vida que cada uno de los seres humanos considere llevar como un reducto muy suyo, en el cual cada individuo tiene autonomía y decisión. La libertad de decisión, libertad de circular libremente por la Ciudad sin el temor a ser atracado o dañado en su integridad física, la libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad y en definitiva la autonomía propias de cada ser humano como fuente de derecho innato lo son en la medida en que se es libre de vivir o no vivir, y de vivir así o de otro modo, claro está, sin que el estilo de vida adoptado afecte el derecho a la libertad de su prójimo, toda vez que tenemos derechos pero también obligaciones que se basan primeramente en el respeto por el derecho ajeno.

Ahora bien, al respecto de las garantías constitucionales se puede decir que no es un tema novedoso. Para que los derechos y libertades reconocidos en los textos constitucionales sean efectivos es necesario que haya una serie de garantías jurídicas. Estas garantías jurídicas comprenden una serie de instrumentos legales y procesales reconocidos en una carta magna con el objetivo de preservar la legalidad. Con la creación de la constitución del 1991 se reglamentó una serie de garantías allí consagradas para la protección de los derechos humanos. La garantía de los derechos humanos se encuentran establecidos en los postulados de derechos humanos de los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, en la Constitución política de Colombia que es norma de normas en nuestra Nación, en los postulados de las Naciones unidas que conforman el bloque de constitucionalidad, y en las altas Cortes que propenden la defensa de los derechos fundamentales e intereses adjetivos del bien común.

Cabe resaltar que cuando las personas viven con miedo les es imposible vivir dignamente toda vez que soportan graves sufrimientos físicos, psicológicos y morales que se vuelven incontrolables, la falta de independencia de la persona y la gravedad de su padecimiento hacen que busque métodos fatales para cesar el terror que viven, sea el suicidio como principal alternativa, buscan entonces la buena muerte; en otros casos optan por desplazamiento forzado, u otras veces uniéndose con grupos ilícitos para hacer la llamada limpieza social. Este último camino puede conllevar a la cárcel o a la muerte. por ello los tratadistas en derechos humanos afirman que la vida es un derecho que no debe ser llevada como por conducto del miedo, que se requiere por ende buscar la dignidad del ser humano aún en las peores circunstancias.

Por ende el deber del Estado es el de respetar, promover, proteger y cumplir los derechos fundamentales. Es, por tanto, primordial, y el de los tribunales regionales o internacionales subsidiario, entrando en juego principalmente cuando el Estado viola los derechos de forma deliberada o sistemática. Todos conocemos ejemplos de cómo el recurso a los mecanismos locales, regionales e internacionales se ha hecho necesario para reconocer que se están produciendo violaciones a nivel Nacional bien sea por acción u omisión. La preocupación o la asistencia local, regional e internacional puede ser el detonante para garantizar los derechos a nivel nacional, pero eso sólo se hace cuando se han utilizado y agotado todas las vías Nacionales. En todo caso, existen medios de control idóneos para garantizar el amparo y cumplimiento de los derechos a una vida digna.