A pocos días del cambio de Gobierno, se abrió una nueva controversia alrededor de la contratación de obras públicas en Colombia. El equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella solicitó al Gobierno de Gustavo Petro abstenerse de suscribir varios contratos de Invías por un valor cercano a $3,2 billones, destinados a proyectos viales en La Guajira.
La solicitud fue dirigida al Gobierno saliente luego de que 16 procesos fueran adjudicados el pasado 27 de julio. El paquete está compuesto por 10 contratos de obra y seis contratos de interventoría, relacionados principalmente con el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del departamento.
Los proyectos están ubicados en los municipios de Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure y contemplan compromisos presupuestales que, según la información conocida sobre los procesos, se extenderían mediante vigencias futuras hasta 2035.
¿Por qué el gobierno entrante pidió detenerlos?
El equipo de empalme del próximo Gobierno manifestó su preocupación por la magnitud de los recursos comprometidos y por el hecho de que las adjudicaciones se produjeran pocos días antes de la posesión del nuevo mandatario.
La futura administración anunció que realizará una revisión técnica, jurídica y financiera de los procesos antes de determinar si las obras deben continuar.
La revisión también contempla analizar la estructuración de los contratos, las condiciones de las adjudicaciones y la participación de las empresas que conforman los consorcios seleccionados.
De acuerdo con lo planteado por el equipo entrante, la intención no es detener de manera automática las obras que resulten necesarias para las comunidades, sino verificar que los procesos tengan sustento técnico y financiero y que respondan al interés público.
¿En qué se invertirían los $3,2 billones?
Según la información divulgada sobre los contratos, una parte importante de los recursos está destinada a proyectos en Uribia.
Alrededor de $2 billones corresponderían a siete contratos de obra para este municipio. Otros tres contratos, destinados a Riohacha, Maicao y Manaure, representarían aproximadamente $1,1 billones.
A estos valores se sumarían cerca de $204.000 millones correspondientes a los contratos de interventoría.
El objetivo de los proyectos es intervenir vías terciarias y mejorar la conectividad de comunidades rurales del departamento.
Gobierno Petro defiende los contratos
Ante la solicitud del equipo de empalme, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió los procesos adelantados por Invías y aseguró que los proyectos no fueron estructurados de manera improvisada durante las últimas semanas del Gobierno.
Según la funcionaria, los procesos vienen siendo preparados desde 2025 y cumplen con los procedimientos establecidos para su contratación.
El Gobierno saliente también ha señalado que las inversiones responden a compromisos del Estado con las comunidades de La Guajira, entre ellos los relacionados con la sentencia T-302 de 2017, que estableció medidas para la protección de los derechos fundamentales de la población indígena y vulnerable del departamento.





