En un contundente anuncio, las superintendencias de Salud y de Economía Solidaria informaron sobre la intervención de la Cooperativa Coosalud debido a presuntas irregularidades en el manejo de recursos del sector salud, incluyendo indicios de posible lavado de activos.
Giovanny Rubiano, superintendente de Salud, señaló que la decisión se basa en hallazgos graves, como la triangulación de recursos entre Coosalud EPS y sus empresas filiales. Un ejemplo destacado es un préstamo de 10.000 millones de pesos desde la EPS a Coosalud Inversa S.A. para la compra de un inmueble, seguido por un pago de alquiler mensual de 1.000 millones de pesos.
Deudas millonarias y movimientos sospechosos
Las investigaciones revelaron que la EPS acumula deudas que ascienden a 433.000 millones de pesos, incluidas obligaciones previamente reportadas por 206.000 millones y un crédito adicional de 221.000 millones en el que la EPS actuó como garante.
La superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, destacó que más de 3.000 millones de pesos en consignaciones no identificadas fueron detectados en 2023, lo que refuerza las sospechas de lavado de activos. «Nos preguntamos a dónde fueron esos recursos destinados a la salud de los colombianos», enfatizó Navarro.
Inconsistencias en los reportes y gestión cuestionada
Otra irregularidad importante es la disparidad entre los datos reportados a las superintendencias. Según Rubiano, existe una diferencia del 50% en la participación accionaria reportada entre la cooperativa y la EPS.
Jaime González Montaño, expresidente de Coosalud, es señalado como responsable de autorizar movimientos irregulares de recursos. «Estos dineros pertenecen al sector salud y deben ser utilizados exclusivamente para la atención de los usuarios y pacientes», declaró el superintendente de Salud.
Impacto y acciones futuras
La intervención busca garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y salvaguardar los intereses de los usuarios. Las autoridades han iniciado una auditoría exhaustiva para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
Este caso pone en evidencia los retos de control y supervisión en el manejo de los recursos del sistema de salud, mientras el Gobierno Petro refuerza su compromiso con la lucha contra la corrupción en el sector.





