El Gobierno nacional dio a conocer un borrador de decreto que plantea un cambio de fondo en la forma como los fondos privados de pensiones invierten los recursos de sus afiliados. La propuesta, publicada en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, modifica el Decreto 2555 de 2010 y busca limitar la inversión en activos del exterior al 30%, con el fin de redirigir una mayor proporción del ahorro pensional hacia la economía colombiana.

De acuerdo con el documento, que estará disponible para comentarios ciudadanos hasta el 4 de febrero de 2026 a la medianoche, el 70% restante de los recursos deberá invertirse en el país, especialmente en sectores estratégicos de la producción nacional. La iniciativa hace parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer el ahorro interno, dinamizar la inversión y apoyar proyectos productivos con alto impacto económico.

El borrador contempla que el Ministerio de Hacienda podrá promover la creación de un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo, al cual podrían acceder los fondos de pensiones a través de los activos permitidos en el régimen de inversión. El énfasis estaría en sectores como infraestructura y construcción, que presentan multiplicadores económicos superiores al promedio y un efecto positivo directo sobre el crecimiento del PIB.

Entre los argumentos que sustentan la propuesta, el Gobierno señala que, según cifras del Dane, en el tercer trimestre de 2025 la inversión representó el 19,7% del PIB, mientras que el ahorro apenas alcanzó el 8%. Este desbalance, advierte el Ejecutivo, evidencia la necesidad de adoptar medidas para incrementar el ahorro nacional y asegurar que estos recursos se inviertan dentro del país para financiar sus necesidades de desarrollo.

El límite del 30% de inversión en el exterior aplicará de manera global a los cuatro tipos de fondos de pensiones obligatorias: conservador, moderado, de mayor riesgo y el especial de retiro programado. No obstante, el proyecto establece un régimen de transición para evitar impactos abruptos en los mercados financieros. Las administradoras tendrán hasta cinco años para ajustarse al nuevo tope, con un esquema gradual que fija un umbral intermedio del 35% al tercer año y del 30% al quinto.

Según la memoria justificativa, con corte al 30 de noviembre de 2025 los fondos de pensiones obligatorias administraban recursos por $527,3 billones, de los cuales $257,1 billones estaban invertidos en el exterior, equivalentes al 48,8% del portafolio total. El Ministerio aclara que esta situación no implica incumplimientos normativos, sino que la propuesta responde a un ajuste prudencial agregado que busca reorientar las inversiones de manera progresiva.

En la práctica, el objetivo del Gobierno es repatriar cerca de $125 billones en un plazo de cinco años, recursos que podrían destinarse a financiar proyectos estratégicos, especialmente de infraestructura. Esta idea ya había sido planteada a finales del año pasado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien señaló que estos fondos podrían ser clave para impulsar el desarrollo económico del país.

El borrador concluye que la reforma busca un equilibrio entre la protección de los intereses de los afiliados, la sostenibilidad del sistema pensional y el fortalecimiento del mercado de capitales colombiano. La implementación, subraya el Gobierno, será técnica, gradual y transparente, basada en análisis de riesgo y criterios de rentabilidad, con el propósito de consolidar un modelo de inversión que combine seguridad financiera y responsabilidad social.