Un reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha revelado los graves y continuos daños ambientales provocados por grupos armados no estatales en Colombia, en el marco del conflicto armado. Entre agosto de 2022 y septiembre de 2024, se documentaron 233 incidentes de agresión a la naturaleza, evidenciando que, en promedio, cada tres días se perpetraba un nuevo ataque al medio ambiente.

Los principales responsables de estos crímenes ecológicos incluyen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, siendo este último el más señalado en el informe. El documento subraya que la minería ilegal, la tala masiva de árboles y los ataques a la infraestructura petrolera han sido las actividades que más han afectado la biodiversidad del país.

La minería ilegal se identificó como la mayor fuente de devastación, representando el 68% de los incidentes ambientales. De los 233 hechos documentados, 151 estuvieron vinculados a la extracción ilegal de oro, lo que causó la pérdida de importantes áreas forestales, especialmente en regiones como el Bajo Cauca antioqueño y el Cañón del Micay. Estos territorios, bajo el control de economías criminales, también enfrentan problemas relacionados con los cultivos ilícitos de coca.

El Clan del Golfo, en particular, ha sido señalado como el principal agresor ambiental, controlando vastas zonas para la minería ilegal de oro. En el Atrato, la subestructura Carretera del Frente Jairo de Jesús Durango ha deforestado al menos 34 hectáreas de selva desde enero de 2023. El informe advierte que este daño podría tardar entre 30 y 40 años en ser reparado, poniendo en riesgo el delicado ecosistema de la región.

Otro de los problemas destacados en el informe es la tala masiva de árboles, que representó el 18% de los incidentes, con 42 casos documentados. La deforestación en el Bajo Cauca y el noreste antioqueño ha sido significativa debido a las actividades criminales del Clan del Golfo, que impone regulaciones sobre la tala de árboles, exacerbando la pérdida de biodiversidad en zonas como Urabá y Chocó.

En cuanto a los ataques a la infraestructura petrolera, se registraron 27 incidentes que resultaron en derrames de crudo, contaminando ríos y tierras fértiles. El informe destaca que, durante el alto al fuego con el ELN, los ataques al Oleoducto Caño Limón-Coveñas se detuvieron, evitando el derrame de más de 3.180.000 litros de crudo y beneficiando a más de 53.000 habitantes de las áreas circundantes. Sin embargo, el fin del cese al fuego reactivó estas agresiones.

El informe también subraya que ríos vitales como el Atrato y el San Juan, que han sido declarados sujetos de derechos por la Corte Constitucional, han sufrido graves daños debido a la minería ilegal y otras actividades ilícitas. A pesar de los esfuerzos legales para proteger estas cuencas, las organizaciones criminales continúan explotando los recursos naturales de manera descontrolada.

La Segunda Marquetalia, bajo el liderazgo de alias Iván Márquez, ha mostrado una actividad ambientalmente destructiva moderada en comparación con otros grupos, pero su participación en la minería ilegal en el Putumayo ha tenido consecuencias devastadoras. Entre 2022 y 2024, su Frente Comandos de la Frontera deforestó más de 140 hectáreas de selva amazónica, comprometiendo el equilibrio ecológico de una de las regiones más biodiversas del planeta.

El informe de la JEP llega en un momento clave, en el que Colombia es anfitriona de la Conferencia de las Partes (COP16), donde la protección del medio ambiente y los impactos del conflicto armado son temas prioritarios. Los datos revelados por la UIA subrayan la relación directa entre el conflicto y la degradación ecológica, especialmente en áreas bajo el control de grupos armados ilegales, donde la explotación de recursos naturales ha sido una constante.