La Policía Internacional (Interpol) ha emitido una circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien se encuentra prófugo de la justicia colombiana por su presunta vinculación en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A pesar de la notificación internacional, la orden de captura no se materializará, ya que González recibió asilo en Nicaragua, país que le otorgó residencia tras su salida de Colombia a principios de 2024.
Carlos Ramón González ha sido uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro en el centro de la controversia sobre el desfalco en la UNGRD. Según las investigaciones, el exdirector del Dapre habría jugado un papel clave en un esquema de direccionamiento de contratos y reparto de recursos públicos con fines políticos. En particular, se le señala de haber manipulado la asignación de contratos a cambio de favores políticos, principalmente en el contexto de las reformas sociales del gobierno.
Uno de los elementos más polémicos del caso fue la presunta negociación con altos funcionarios del Congreso, entre ellos Iván Name y Andrés Calle, quienes se desempeñaron como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Según las acusaciones, González habría entregado 4.000 millones de pesos a cambio de asegurar que estos legisladores votaran favorablemente a las reformas impulsadas por la administración Petro.
El escándalo provocó que varios exfuncionarios de la UNGRD, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla, ya se declararan culpables de los delitos relacionados con este esquema de corrupción. Ambos están actualmente tras las rejas, mientras que González, que se encontraba en el centro de la trama, continúa evadiendo la justicia.
El caso contra el exdirector del Dapre dio un giro importante el 21 de mayo de este año, cuando la fiscal María Cristina Patiño lo imputó formalmente por tres delitos. A pesar de que González no aceptó los cargos, el Tribunal Superior de Bogotá, bajo la dirección del magistrado Leonel Rogeles, ordenó su prisión preventiva. La Fiscalía solicitó entonces a Interpol su localización, pero no pudo ejecutarse debido a su salida del país.
En diciembre de 2023, con la intermediación de la Embajada de Colombia en Managua, González logró tramitar su residencia en Nicaragua. Esta decisión desató una serie de cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional sobre el papel de las autoridades nicaragüenses y la posible protección política que le otorgó el régimen de Daniel Ortega. La situación ha generado un fuerte rechazo en sectores de la política colombiana, que ven en el asilo una posible estrategia para evitar que González enfrente la justicia de su país.
Aunque el futuro legal de González parece cada vez más incierto, la Fiscalía General de la Nación ha reiterado su compromiso con la investigación del escándalo de corrupción y no descarta nuevas acciones para lograr su extradición, a pesar de los obstáculos que representa su residencia en Nicaragua.
Este caso pone en evidencia las dificultades y complejidades que enfrentan las autoridades colombianas en la lucha contra la corrupción, especialmente cuando los implicados logran evadir la justicia utilizando redes de protección internacionales. El escándalo también reaviva las críticas a la gestión de la UNGRD y la falta de controles internos que permitieron que se llevaran a cabo estos ilícitos en una entidad clave para la atención de emergencias y desastres en el país.





