Autoridades nacionales y distritales encendieron las alertas en Bogotá tras denuncias sobre la presunta utilización de menores de edad de la comunidad indígena emberá durante manifestaciones recientes frente al Ministerio del Interior. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que ya interpuso acciones legales y solicitó identificar a los responsables, al considerar que estos hechos podrían constituir una vulneración grave de derechos.

Según información oficial, durante las protestas registradas el 29 de abril, algunos participantes habrían ubicado a niños en la primera línea de confrontación con la fuerza pública, lo que impidió el uso de medidas de control por parte de las autoridades. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, calificó lo ocurrido como “un delito” y aseguró que no existe justificación para exponer a menores en este tipo de escenarios.

La funcionaria también indicó que, previamente, las entidades ofrecieron alternativas de atención como albergue, alimentación y servicios para la infancia, pero según su versión, estos no fueron aceptados por algunos voceros de la comunidad, lo que habría limitado el acceso de los niños a rutas institucionales de protección. En esa línea, autoridades distritales ya habían advertido situaciones similares en las que se restringía el traslado de menores a programas sociales.

El caso generó reacciones a nivel nacional. El presidente Gustavo Petro y otras autoridades rechazaron el uso de menores en medio de las protestas y pidieron priorizar su protección. Aunque circulan videos en redes sociales que evidenciarían estos hechos, las investigaciones buscan establecer con claridad lo ocurrido y determinar responsabilidades individuales, ya que hasta ahora no hay decisiones judiciales de fondo.

Este episodio se da en medio de la crisis humanitaria que enfrenta el pueblo emberá en la capital, donde cientos de familias, muchas desplazadas por la violencia, permanecen en condiciones precarias mientras reclaman atención estatal y garantías para su retorno. La situación de la niñez ha sido especialmente sensible, lo que mantiene bajo seguimiento a las autoridades y organismos de control frente a posibles vulneraciones de derechos y a la necesidad de soluciones estructurales.