Bajo el argumento que se debía dar herramientas para la practica del deporte a los jóvenes de sectores vulnerables a riesgos sociales (drogas, delincuencia y otros) de los 25 municipios de las cuales tiene jurisdicción el Departamento de Policía Córdoba, se celebró un contrato por 374 millones de pesos entre la Gobernación de Córdoba bajo el mandado de Sandra Devia y la firma A&K Empresarial SAS, cuya representante legal es Aura María Pertuz Vergara, pero esos elementos permanecen en el patio de la antigua sede del Gaula de la Policía en el centro de Montería.
Lo anterior pese a que según el contrato, firmado el 18 de octubre del año pasado entre la firma en mención y la secretaria de gestión administrativa de la Gobernación, Yisela del Carmen Acosta Vásquez, se dejó claro que tenían 45 días para su ejecución.
El proyecto presentado por la firma contratista se llamó «Street Workout & Calestenia para Vivir», para la prevención de los riesgos sociales en jóvenes de sectores vulnerables y mediante subasta pública fue otorgado a A&K Empresarial SAS, a quien la saliente gobernadora ordenó el pago del 40 por ciento para que iniciar su ejecución y el resto 60 por ciento cuando estuviera totalmente finalizado, es decir que antes de que Sandra Devia abandonara el cargo en el 2019 el dinero debía estar girado.
Pero sorprende que a la fecha, parte de esos elementos para la calestenia de los jóvenes permanecen guardados en la antigua sede del Gaula de la Policía en Montería. Sobre el particular el comandante del Departamento de Policía Córdoba, coronel Jairo Baquero Puente, dijo a este medio que solo hasta este año se recibieron los elementos objetos del contrato con los que la Institución busca desarrollar programas deportivos en los municipios utilizando los parques para instalar barras y otros elementos para la práctica del deporte, pero que con el tema de la pandemia no se han podido instalar y mucho menos desarrollar dichos planes.
Por sugerencia de la Policía fue que se creó la necesidad y será la Institución la que finalmente estará al frente del uso de los elementos con población en riesgo social.
En la pasada visita del Contralor General de la República se le dio a conocer el tema del contrato de la firma A&K Empresarial SAS para que se revise costo-beneficio y el por qué del incumplimiento de la entrega de elementos que debían entregarse el año pasado por parte de la contratista de la Gobernación de Córdoba, Aura María Pertuz Vergara.
