La Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional fueron condenados por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Montería por la muerte de Gustavo Antonio Herrera Negrete, ocurrida el 4 de abril de 2019 en el corregimiento El Caramelo, zona rural de Tierralta, Córdoba. La decisión fue emitida por la jueza Iliana Argel Cuadrado. El despacho judicial consideró que la actuación de los uniformados durante el procedimiento no se ajustó a los criterios de proporcionalidad exigidos para el uso de la fuerza.
De acuerdo con la decisión, los policías acudieron al lugar tras un llamado de la comunidad relacionado con una crisis que atravesaba Herrera Negrete, de 53 años. El juzgado concluyó que los uniformados tenían superioridad numérica y física y que, antes de recurrir a las armas de fuego, podían haber empleado otras alternativas para controlar la situación.
Durante el proceso, uno de los uniformados reconoció haber disparado en varias ocasiones. Uno de los proyectiles impactó a Herrera Negrete en el pecho y provocó su muerte. La sentencia también tuvo en cuenta que la Fiscalía calificó el hecho como homicidio y que la necropsia estableció la lesión que causó el fallecimiento. El juzgado descartó el argumento de legítima defensa planteado por la Policía al considerar que la respuesta fue desproporcionada.
Como reparación, la Nación deberá pagar 1.150 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 17 familiares de la víctima, entre ellos sus hijos, esposa y hermanos. Además, la Policía tendrá que realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas en El Caramelo. La sentencia también ordena capacitar de manera permanente a los uniformados de la zona para atender procedimientos que involucren a personas con trastornos mentales y comunidades afectadas por el conflicto armado.





