El 6 de diciembre del presente año se cumplieron 95 años de impunidad y olvido de la masacre y genocidio de las bananeras en Ciénaga- Magdalena, es de la cadena del sartal de años de impunidad consentidos en la Republica de Colombia.

Y, hoy es preciso decir, que tener solo efímeros recuerdos de nuestros muertos hasta permitir que los extinga el tiempo, es una infidelidad sentimental censurable. Los muertos de las bananeras han sido olvidados hasta por el sindicalismo colombiano.

Lo peor no son los 95 años de impunidad, lo peor e imperdonable son los 95 años de olvido histórico y social, sepultados en las entrañas de la inmemoria de una nación que sólo recuerda y conmemora tenuemente, un acontecimiento político y criminal de tanta atrocidad como fue la masacre de las bananeras.

El 6 de diciembre de cada anualidad, al conmemorarse el ingrato cumpleaños de la curada masacre, es un imperativo categórico reafirmar el compromiso de mantener viva la memoria histórica, enhiesta e incólume, como un vigente homenaje póstumo a las víctimas de la susodicha masacre, y como una condena social no olvidada a sus victimarios en deuda con el código penal colombiano.

La masacre de las bananeras del 6 de diciembre de 1928, se prolongó por varios días de terror oficial, hasta dejar sin cupo para los muertos en el cementerio de Ciénaga.

El sanguinario presidente Miguel Abadía Méndez, al unísono con el Congreso de la República, la jerarquía eclesiástica, una fracción del Partido Liberal y la gran prensa, responsabilizaron a los huelguistas bananeros de ser impulsores nacionales de un complot comunista internacional para acabar con sus propiedades y vidas, y que, ese complot, se inspiraba en las enseñanzas revolucionarias de la Revolución de Octubre, en la Rusia del año 1917, y en los postulados de lucha del Partido Socialista Revolucionario de Colombia, creado en 1926. Esa ha sido, y es también en la actualidad, la artimaña de los gobiernos y de la oligarquía criolla, al decir que respetan la protesta social, pero al tiempo la deslegitima, la estigmatiza y finalmente la criminalizan. Así, justificaron la caterva de crímenes mencionados, la masacre en comento.

El diseño de la acción legal para enfrentar la paranoia del complot, se la asignó el gobierno en el año 1927 al ministro de guerra Ignacio Rengifo. De inmediato al asumir el macabro encargo político exclamó: «Al amparo del ambiente de amplia libertad que se respira en el territorio colombiano, no pocos nacionales y extranjeros por su propia cuenta, o en calidad de agentes asalariados del gobierno soviético, hacen por doquier activa y constante propaganda comunista».

En la lógica de estigmatización, deslegitimación y criminalización de la protesta social y política, el ministro Rengifo logra en octubre de 1928, que el Congreso expida la Ley de Defensa Social, más conocida como Ley Heroica. Esta Ley declara subversiva la acción reivindicativa, política y social de los sindicatos y organizaciones populares nacientes. Es una ley que en la práctica está vivita, coleando y matando en Colombia a maestros, líderes sociales y populares.

Todo estaba criminalmente planeado y calculado para estrenar la susodicha ley; y la oportunidad llegó el 6 de diciembre de 1928. Los trabajadores de la empresa estadounidense United Fruit Company, habían presentado un pliego de peticiones que fue desatendido; en el pliego pedían: la rebaja de la jornada laboral, que era de 12 horas; pedían que no se les pagara con los bonos, que solo eran válidos en las tiendas de la misma Compañía; pedían asistencia médica, y vinculación laboral directa con la empresa, sin lo que hoy se llama tercerización. El pliego de peticiones fue considerado subversivo por el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez, la Iglesia católica, la prensa y la compañía frutera.

Sin rodeo alguno, la compañía le solicitó al presidente de la república Miguel Abadía Méndez, la inmediata intervención del ejército para enfrentar las «subversivas» peticiones de los trabajadores. Como si esa petición fuera una orden del imperio, el obediente presidente, decreta el estado de sitio y le asigna al general Carlos Cortés Vargas, unas precisas facultades para que, según su parecer, acabara con la banda de malhechores; así, con ese y otros epítetos, calificaba el presidente Abadia Méndez a unos humildes trabajadores.

Los trabajadores sin la menor sospecha del urdimbre plan criminal preparado contra ellos, se concentraron en la plaza de Ciénaga; ahí llegó el general Carlos Cortés Vargas con un poder que no le cabía en su cuerpo. Ordenó con la quijada apretada por la soberbia, el desalojo de la plaza con el argumento de la turbación del orden público y por la declaratoria del estado de sitio. Al no ser atendida la orden presidencial y militar; el mencionado General dijo que: «era necesario cumplir la ley», y al instante empezó a hacerla cumplir, sin que antes para revestirse de legalidad, procedió a encargar a un teniente para que leyera con una bocina de gramófono el Decreto No 4 del Jefe Civil y Militar de la Provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas, y por su secretario, el mayor Enrique García Isaza, y en tres artículos de ochenta palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. Al conteo de cinco, se empezó la histórica masacre, hoy impune.

El ilustre Gabriel García Márquez con leal realismo literario dice, en Cien Años de Soledad, que quienes no murieron ametrallados, fueron rematados a punta de bayoneta, o se les enterró vivos en fosas comunes, y que en los trenes de la Compañía embarcaron a centenares de cadáveres y llevados hasta el mar, donde se echaron como el banano de mala calidad.

Tres mil muertos asesinados con «legal» sevicia tiñeron con sangre en el calendario, el día 6 de diciembre de 1928. Hecho éste, trascendental y «patriótico», considerado así, por el presidente Abadía Méndez, quien felicitó al general Carlos Cortés por haber salvado al país de la anarquía; y en reconocimiento por la masacre cometida lo ascendió a Director Nacional de la Policía.

Son 95 años de impunidad tragados por el olvido, y son muchas las impunidades olvidadas en toda la amplia geografía amnésica de Colombia. En la Colombia de hoy aún rige en la práctica la Ley de Defensa Social o Ley Heroica, la que sirvió de fundamento legal para realizar la masacre de las bananeras, al considerar subversiva la acción reivindicativa, política y social de los sindicatos y organizaciones populares nacientes, en esa época. Por esta razón, hoy se asesinan educadores, sindicalistas, líderes sociales y populares.

Qué se mantenga viva y lúcida la memoria histórica, qué permanezca indemne ante los soplos del tiempo. No olvidemos a nuestros muertos, porque como dice el escritor sinuano José Luis. Garcés González: «siempre pisamos sobre muertos anteriores. Y esos otros tenían su cultura, tenían sus valores. Nos dejaron su historia. Para que la conozcamos, para que aprendamos de ella. Pero nosotros le sacamos el cuerpo, o, sencillamente la despreciamos».

Hoy, 6 de diciembre, se cumplen 95 años de la masacre de las bananeras, ordenada por el presidente Miguel Abadía Méndez y el ejército patrio, al amparo de la legalidad colombiana y de la impunidad legal. Al igual que ayer, se sigue considerando y tratando la protesta social actual, en el papel y en palabra, con toda la garantía y protección constitucional; pero en la realidad, según sus detractores, está cargada de toda clase de infiltraciones, pirómanos e influencias externas, según ellos hasta de gobiernos extranjeros.

¡HONOR Y GLORIA A LOS MÁRTIRES DE LAS BANANERAS!