Las últimas elecciones, especialmente desde la reelección de Uribe, se han desarrollado en medio de la disyunción política entre derecha e izquierda, y ya luego, por su profundización entre derecha y castrochavismo. Término que acuñaron con un sentido altamente peyorativo.

Con esa narrativa se ha vendido la idea, no de que la derecha es la solución a los problemas que  nuestro país afronta desde la independencia, hace más de doscientos años, durante los cuales, siempre hemos sido gobernados por una visión liberal-conservadora apegada a la continuidad seudo-colonial, mucho más cercana la derecha que a la izquierda; sino, que esta última representa, en el mejor de los casos, un salto al vacío, y en el peor, la destrucción de las libertades que se identifican como garantías de democracia formal.

Ese discurso les ha significado ganar, a quienes lo han sabido imponer como el centro del debate electoral, con la ayuda de quienes desde la izquierda han contribuido, con orgullo, pero ingenuamente a avivarlo. Al contrario, para la izquierda, no ha significado electoralmente una buena estrategia, en un país en el que, también por la narrativa oficial, auspiciada por los medios de comunicación proclives a esa oficialidad, han graduado como únicas causantes de todas nuestras desgracias históricas a las guerrillas de izquierda –cuando son solo uno de los actores responsables-, a las que hábilmente desde la derecha, las identifican con la izquierda democrática colombiana.

La estrategia discursiva descrita, reforzada con la extrapolación de experiencias de gobiernos de izquierda, cercanos geográficamente, que han tenido malos resultados, generaron una mega estrategia político-electoral ganadora para los individuos, movimientos y partidos comprometidos con la continuidad seudo-colonial que no hemos superado; sin la necesidad de ofrecer un proyecto político que satisfaga las necesidades de la población.

Las referencias mentales creadas en una parte del electorado colombiano, ha originado que precisamente quienes más han padecido los doscientos años de gobiernos liberal-conservadores, apoyen a los responsables su pobreza y miseria, ante el temor de pasar a la pauperización; pero también a los beneficiarios de esos gobiernos a temer perder los privilegios exclusivos “sobre lo que nos pertenece a todos [que como lo señala Sieyes] supone la imagen misma de la injusticia y la más absurda sin razón”.

Aun así, se sigue manteniendo y profundizando con orgullo, desde la izquierda, la narrativa ajena, de la disyuntiva convertida en debate electoral, entre derecha e izquierda, con la que han ganado los que la idearon como estrategia político-electoral en nuestro país, sin que hayan tenido la necesidad de ofrecer un proyecto político que los comprometa con transformaciones cualitativas y cuantitativas en términos de democracia sustancial.

Es el momento de desmontar esa estrategia, sin que la izquierda deje de sentirse orgullosa de serlo o deje de caracterizarse como tal. Y se desmonta, no convirtiendo esa disyuntiva en el centro del debate pre y electoral, y ofreciendo un proyecto político, tanto para los pertenecientes orgullosos de la izquierda, como para los temerosos de derecha.

Ese proyecto político es la garantía de los derechos y bienes fundamentales, el cual ya está escrito en la Constitución de 1991, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales. Lo que corresponde es reforzarlo con reformas constitucionales progresivas, que nos ubiquen al mismo nivel de estándares de garantías internacionales en la materia, lo que implica también, desmontar las reformas que han significado retroceso en cuanto a esas garantías; restringir las reformas regresivas o deconstituyentes, que los y las limitan y anulan; y, finalmente, actuar los derechos fundamentales.

La actuación de los derechos implica, en el caso de los de libertad, la no intervención en clave de limitación de las libertades individuales, sin que ello signifique el sostenimiento de privilegios; y en el caso de los de prestación, como la salud, educación y saneamiento básico entre otros, la prestación efectiva y por tanto la acción del Estado para garantizarlos   

Pero, aparte de los derechos fundamentales, también los bienes fundamentales resultan necesarios para la supervivencia, algunos artificiales, como los fármacos, alimentos básicos, la conectividad en estos tiempos de pandemia, que constituyen el objeto de algunos derechos fundamentales, los cuales también deben ser presentados como proyecto político para su materialización, y no quedar solo como referencias teóricas, o dejadas a la autogestión individual, puesto que ello significa en gran medida, su irrealización.

Los derechos fundamentales, tanto jurídica como políticamente, son a su vez, leyes de actuación para la protección del más débil, y de abstención de limitación de los derechos del más fuerte; por lo que incumben e interesan a la derecha y a la izquierda, y ahora también a la tercería política que ha venido a significar el centro y las múltiples variables que presenta en tanto tienda más al este o al oeste, o se mantenga inamovible en el ecuador político.

La lección debe estar aprendida.  Este tema de los derechos y bienes fundamentales y su compromiso de garantía real, deben constituir la base del   debate electoral que se avecina. Puesto que la garantía de los derechos y bienes fundamentales como proyecto político nos convoca a todos, en tanto destinatarios de ellos, sin distinción de ningún tipo, mientras que la estrategia de la disyuntiva que se le ha puesto al electorado colombiano entre derecha e izquierda, con las referencias de las que se acompaña a la izquierda, ha significado el triunfo de quienes la han logrado imponer.

La elección del próximo presidente de Colombia no debe estar mediada por el hecho de la pertenencia del (los) candidatos a la derecha, al centro o a la izquierda, sino por su compromiso en  abstenerse de intervenir en las libertades individuales por un lado, y de actuar en aras de garantizar y materializar efectivamente los derechos y bienes fundamentales que requieren prestaciones por parte del Estado, para la supervivencia y mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos y como fundamento para la construcción de una democracia material, sustancial y no de  formas, sino de los contenidos.

De lo que estoy seguro, es que en ninguno de los individuos, movimientos o partidos políticos que representen la visión liberal-conservadora que hasta ahora ha gobernado, o en quienes pasivamente la han compartido, puede estar quien asuma el gran compromiso de garantizar efectivamente a los colombianos la materialización de sus derechos y el acceso a bienes fundamentales para el  mejoramiento de las condiciones de vida en nuestro país, para la generalidad, y no solo para un grupo reducido.