El proceso judicial que enfrentan Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una corte federal de Estados Unidos ha tomado un inesperado giro tras las recientes alegaciones de su defensa sobre la falta de recursos para financiar su representación legal.

Según documentos presentados ante un tribunal en Nueva York, los abogados de Maduro y Flores sostienen que no cuentan con fondos suficientes para pagar a sus defensores privados, y que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos dificultan que el gobierno venezolano cubra esos gastos.

En particular, la defensa ha argumentado que una licencia temporal emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro —que en enero permitió brevemente que el Estado venezolano financiara los honorarios legales— fue revocada sin explicación, bloqueando el uso de recursos estatales para ese propósito.

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Los fiscales estadounidenses, por su parte, han rechazado los argumentos de la defensa y han defendido la decisión de impedir el uso de fondos estatales venezolanos para pagar la defensa, señalando que el gobierno de EE. UU. no reconoce a Maduro como jefe de Estado legítimo y que los acusados aún pueden usar fondos personales para su representación.

Maduro y Flores están acusados en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, conspiración y otros delitos federales, y actualmente se encuentran detenidos en Brooklyn después de una operación que llevó a su captura en Caracas el 3 de enero. Ambos se han declarado “no culpables” en el proceso judicial iniciado ante el juez federal Alvin Hellerstein.

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