El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre la polémica por los gastos asociados al consulado de Colombia en Tijuana, México, creado durante el Gobierno de Gustavo Petro, pero que nunca llegó a prestar atención al público desde una sede física.
A través de un mensaje público, la Cancillería cuestionó los compromisos económicos que dejó este proyecto y lanzó una crítica a la administración anterior: «Nos dejaron el guayabo y la cuenta sin pagar».
La controversia se centra en los pagos realizados a Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien ocupó provisionalmente el cargo de cónsul durante nueve meses, y en el contrato de arrendamiento de una oficina que no entró en funcionamiento como sede consular.
Más de 153.000 dólares en pagos a la cónsul
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Pabón recibió más de 153.000 dólares, equivalentes a cerca de 483 millones de pesos, por su desempeño como cónsul entre enero y octubre de 2026. A esa suma se agregaron 20.338 dólares por concepto de viáticos y transporte de menaje doméstico.
El consulado de Tijuana había sido creado mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, firmado por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo. Sin embargo, la oficina no llegó a abrir sus puertas al público y los trámites de los colombianos en esa zona continuaron dependiendo del consulado en Ciudad de México.
La excónsul presentó su renuncia el 30 de octubre. En su informe de gestión reportó, entre otras actividades, visitas a colombianos privados de la libertad y una jornada de consulado móvil de tres días en la que se realizaron 211 trámites.
Una sede sin abrir y obligaciones pendientes
Otro de los puntos cuestionados es el arrendamiento de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, en Tijuana. La Embajada de Colombia en México recibió el 30 de septiembre un requerimiento de pago por ese inmueble.
La Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería verificó posteriormente la existencia del contrato de arrendamiento, que habría generado compromisos económicos sin una asignación presupuestal para cubrirlos. Además, se mencionaron compromisos económicos con personas y empresas que habrían participado en trabajos de adecuación del inmueble y diseño de la imagen institucional del consulado.
El caso fue trasladado a los organismos de control
La Cancillería informó que el 27 de agosto puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación las actuaciones relacionadas con la apertura del consulado, para que estos organismos determinen si existen responsabilidades. La entidad también explicó que la designación de una autoridad consular y la apertura física de una sede son procesos diferentes, pues esta última requiere trámites administrativos, presupuestales, contractuales y operativos.
