Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, presentó una demanda contra el Estado colombiano en la que reclama una indemnización cercana a los $700 millones por las supuestas afectaciones emocionales y psicológicas que, según sostiene, le habría provocado el proceso judicial en su contra.
La acción fue presentada contra la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia, entidades a las que Marín atribuye los perjuicios. En el documento, el señalado contrabandista reclama una reparación equivalente a 400 salarios mínimos para él, su esposa y sus tres hijos, quienes, según la demanda, también habrían sufrido afectaciones derivadas del proceso.
Entre los argumentos expuestos aparecen términos como angustia, zozobra, ansiedad, depresión e incertidumbre. La reclamación está relacionada con la orden de captura con fines de extradición emitida en su contra en 2024 y con las actuaciones adelantadas por las autoridades colombianas durante ese proceso. Marín enfrenta una investigación por presuntos delitos relacionados con una red de contrabando y podría enfrentar una pena de hasta 27 años de prisión por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, según la información conocida sobre el proceso.
El caso se suma a los antecedentes que rodean a Marín y sus disputas jurídicas con el Estado. En 2001, él y su familia ya habían presentado una demanda de reparación directa por un antiguo informe de inteligencia que lo vinculaba con actividades de narcotráfico; aquella reclamación tampoco prosperó.
La nueva demanda no significa que el Estado haya sido condenado a pagar la indemnización. La pretensión deberá ser analizada por la jurisdicción correspondiente, que determinará si existió una actuación irregular de las entidades demandadas y si los perjuicios reclamados pueden ser atribuidos al Estado.
