El debate jurídico en torno al caso de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se intensificó luego de que penalistas contradijeran públicamente su defensa frente a las acusaciones por enriquecimiento ilícito como servidor público.
Petro Burgos, quien enfrenta un proceso judicial por presuntamente haber recibido grandes sumas de dinero sin justificar su origen, ha negado haber cometido el delito. En sus declaraciones, ha sostenido que los recursos que ingresaron a su patrimonio no provienen de fuentes ilícitas, y que por tanto no se configura el tipo penal.
Sin embargo, expertos en derecho penal han aclarado que, según la legislación colombiana, el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público no depende de si el dinero proviene de actividades ilegales, sino de si el funcionario no puede justificar el incremento de su patrimonio con ingresos legítimos y conocidos. “Para este delito no interesa si la fuente es ilícita o no, sino si el servidor público puede demostrar la legalidad de los recursos que posee”, explicó el abogado penalista Francisco Bernate en medios nacionales.
La Fiscalía ha señalado que Nicolás Petro habría recibido dinero de empresarios y excontratistas con el supuesto fin de financiar la campaña presidencial de su padre, pero que parte de esos recursos habrían terminado en su uso personal. Aunque el presidente Gustavo Petro ha reiterado que no autorizó ni recibió dinero ilegal para su campaña, el caso ha generado tensiones políticas y cuestionamientos éticos en el entorno presidencial.
