El presidente Gustavo Petro designó al Armando Benedetti como ministro de Justicia ad hoc para atender exclusivamente el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión, oficializada mediante el decreto 1014 del 21 de septiembre, responde a un impedimento declarado por el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien no podrá intervenir en el proceso por haber sido reconocido como presunta víctima en el expediente.

La figura del ministro ad hoc no es común en la administración pública colombiana, pero se activa en situaciones excepcionales donde el titular de una cartera se ve imposibilitado de ejercer sus funciones en un caso específico. En este contexto, Benedetti asumirá temporalmente las competencias del Ministerio de Justicia únicamente para presidir el Consejo Directivo del INPEC y tomar decisiones administrativas relacionadas con el cumplimiento de la condena penal de Uribe.

Este nombramiento no le otorga a Benedetti facultades generales sobre la cartera, sino que lo limita a un rol puntual y estratégico: garantizar que el proceso judicial contra el expresidente avance sin interferencias ni conflictos de interés.

El ministro de Justicia titular, Eduardo Montealegre, se declaró impedido para intervenir en el proceso relacionado con el cumplimiento de la condena penal de Uribe, debido a un conflicto de intereses. Montealegre y Jorge Fernando Perdomo se habían presentado como presuntas víctimas en el caso, lo que lo inhabilita para tomar decisiones al respecto.

El caso Uribe, que ha atravesado múltiples etapas judiciales desde 2018, se encuentra en una fase crítica. Las decisiones sobre su eventual condena y cumplimiento requieren la intervención del INPEC, entidad adscrita al Ministerio de Justicia. Con Montealegre impedido, el Ejecutivo debía garantizar la continuidad institucional sin vulnerar el debido proceso.