A menos de una semana de concluir su mandato, el presidente Gustavo Petro oficializó el nombramiento de ocho nuevos notarios en distintas regiones del país, una decisión que ha generado reacciones debido al perfil político de algunos de los designados.
Entre ellos se encuentra Karyme Cotes, abogada y exrepresentante a la Cámara por el departamento de Sucre, quien fue designada como notaria sexta interina de Medellín. Su nombramiento ha despertado interés porque, durante su paso por el Congreso entre 2022 y 2026, integró la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el órgano encargado de investigar a altos funcionarios del Estado, incluido el presidente de la República.
Además de hacer parte de esa comisión, Cotes respaldó varias iniciativas impulsadas por el Gobierno Petro en el Congreso, lo que llevó a distintos sectores políticos a identificarla como una congresista cercana a la agenda del Ejecutivo durante los últimos años.
En los últimos días también han resurgido señalamientos relacionados con una denuncia presentada por un particular contra varios integrantes de la Comisión de Acusación por actuaciones dentro de ese órgano. Sin embargo, no existe una decisión judicial o disciplinaria que establezca responsabilidad de Karyme Cotes, ni registra condenas o sanciones derivadas de esos hechos.
Los nombramientos hacen parte de una serie de decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cubrir vacantes en notarías de ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Chía, algunas de ellas mediante encargos provisionales mientras se surten los procesos correspondientes.
Desde sectores de la oposición se han cuestionado estas designaciones al considerar que varios de los nombrados tienen vínculos políticos con el Gobierno saliente. Entre tanto, el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que revisará los nombramientos realizados en los últimos días de la administración Petro para verificar que se ajusten a las disposiciones legales vigentes.





