En medio del consejo de ministros realizado en Córdoba, el presidente Gustavo Petro aseguró que ordenó el retiro de un general de la Policía Nacional tras detectar lo que calificó como una “misión extraña” en su contra. Según el mandatario, el oficial habría recibido instrucciones para introducir sustancias psicoactivas en su vehículo y afectar un encuentro internacional.

Aunque el jefe de Estado no mencionó nombres, fuentes oficiales señalaron que se trataría del brigadier general Edwin Urrego Pedraza, quien recientemente se desempeñaba como comandante de la Policía en Cali y que ha ocupado varios cargos de alto nivel dentro de la institución.

Urrego cuenta con más de 30 años de trayectoria en la Policía Nacional, principalmente en áreas de investigación criminal y policía judicial. Ha sido director y subdirector de la Dijín, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y Cali, así como comandante del Departamento de Policía Cundinamarca. También ha tenido funciones en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa.

Las declaraciones del presidente también hicieron referencia a un allanamiento practicado en noviembre de 2025 a la vivienda del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, diligencia que se realizó cuando Urrego era comandante en Barranquilla. Sin embargo, el oficial aclaró que dicho procedimiento respondió a una orden judicial y que su participación se limitó a brindar apoyo de seguridad solicitado por unidades de policía judicial.

Tras los señalamientos, el general negó de manera categórica cualquier intento de afectar al presidente o su esquema de seguridad. En declaraciones a Blu Radio, aseguró que nunca ha tenido contacto con el vehículo presidencial y que su labor en los territorios se ha enmarcado en los protocolos establecidos. Además, manifestó su disposición a someterse a pruebas y a colaborar con las investigaciones que se adelanten.

Hasta el momento no se ha informado sobre la apertura formal de un proceso judicial en su contra ni se han presentado pruebas públicas que respalden las acusaciones mencionadas por el mandatario. El caso, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre el Ejecutivo y sectores de la fuerza pública, en un contexto político ya marcado por controversias.