En respuesta a recientes agresiones contra militares que realizaban labores de erradicación manual, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de reactivar la fumigación aérea de cultivos ilícitos en distintas regiones del país. Esta medida, suspendida desde 2015 por fallos de la Corte Constitucional que advertían riesgos para la salud y el ambiente, vuelve a ser considerada en medio de la creciente tensión en territorios con presencia de disidencias armadas.
Petro aseguró que revisará la sentencia que frenó el uso del glifosato y advirtió que, en los lugares donde se ataque a la fuerza pública, se aplicará la fumigación aérea. Entre los recientes hechos de violencia destacan el secuestro de 45 militares en Cauca y 33 en Guaviare, así como la quema de dos soldados en Putumayo durante una operación antidrogas.
La iniciativa refleja un cambio en la política antidrogas del actual Gobierno, que anteriormente había rechazado esta práctica por sus impactos sobre comunidades rurales. El debate se produce mientras Estados Unidos evalúa la certificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, en un contexto donde la ONU reportó un incremento del 10 % en los cultivos de coca y un 53 % en la producción de cocaína durante 2023.





