El exvicepresidente criticó duramente la decisión de la entidad de no sancionar a Karen Abudinen por la pérdida de 70 mil millones de pesos destinados a la conectividad rural.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes del partido Cambio Radical, lanzó una contundente crítica contra la Procuraduría General de la Nación luego de que esta decidiera archivar la investigación disciplinaria contra Karen Abudinen, exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), por su papel en el polémico caso de Centros Poblados.

El escándalo, que involucra la pérdida de 70 mil millones de pesos destinados a dotar de conectividad a zonas rurales del país, ha sido objeto de múltiples investigaciones y críticas desde que estalló durante el gobierno de Iván Duque. A pesar de la magnitud del desfalco, la Procuraduría concluyó que Abudinen no era responsable de los hechos, desatando la indignación de diferentes sectores.

Vargas Lleras no escatimó en palabras para expresar su rechazo, afirmando que es inadmisible que no haya responsables claros tras el cierre de la investigación. «Ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los Centros Poblados y la Procuraduría hoy cerró la investigación. Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales. Por eso he sostenido que hay que acabar esa entidad», señaló a través de su cuenta en X.

El líder político también cuestionó el hecho de que el caso quede aparentemente sin culpables, sugiriendo que la responsabilidad recaerá en «algún pobre funcionario de menor rango» mientras los verdaderos autores intelectuales quedan impunes.

Lo que ha sorprendido a muchos es la dureza del discurso de Vargas Lleras, teniendo en cuenta que la exministra Abudinen pertenece al mismo partido político que él, Cambio Radical, y es cercana a la influyente casa Char. Sin embargo, esta no es la primera vez que el exvicepresidente ha criticado a Abudinen, lo que refleja tensiones dentro del partido.

El caso de Centros Poblados sigue siendo uno de los mayores escándalos de corrupción reciente en Colombia, y la decisión de la Procuraduría de cerrar la investigación ha generado un nuevo debate sobre la necesidad de reformar las instituciones de control en el país.