La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas al exigir a varias entidades del Estado explicar qué han hecho para cumplir la prohibición del asbesto en el país, vigente desde 2021.
El organismo de control solicitó información detallada sobre la aplicación de la Ley 1968 de 2019, que prohíbe la explotación, producción, comercialización e importación de este material altamente peligroso para la salud.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Procuraduría es que aún no existe una política pública clara para sustituir el asbesto instalado, pese a que el plazo legal ya venció.
Esta situación genera preocupación por los riesgos que representa la exposición a esta sustancia, tanto para trabajadores como para la ciudadanía en general.
El ente de control pidió al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) liderar la articulación entre entidades para:
- gestionar adecuadamente los residuos de asbesto
- mitigar riesgos en la salud
- proteger el medio ambiente
Exigen sanciones
Además, la Procuraduría solicitó a entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio y la DIAN iniciar procesos sancionatorios contra quienes continúen usando o comercializando asbesto en el país. Las entidades deberán entregar reportes detallados sobre: inspecciones realizadas, acciones de control, sanciones impuestas y avances desde la entrada en vigencia de la ley.





