La Procuraduría General de la Nación ha expresado su firme oposición a la posibilidad de reducir las penas para quienes cometan delitos sexuales contra menores, una disposición que se encuentra en el borrador de la reforma a la justicia recientemente presentada. Esta reforma, radicada el 8 de octubre, tiene como principal objetivo combatir la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas dentro de los procesos penales, pero ha generado controversia por incluir la posible reducción de penas en casos de violencia sexual.

El proyecto fue presentado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra; la fiscal general, Luz Adriana Camargo; y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. La propuesta consta de 13 artículos que buscan reformar el sistema penal acusatorio, enfocados en tres puntos clave: la reparación integral a las víctimas, el fortalecimiento de la justicia premial y la eficiencia en la aplicación del principio de oportunidad.

“El objetivo de esta reforma es reducir los altos niveles de impunidad y garantizar que los procesos penales en la Fiscalía y los juzgados sean rápidos y efectivos, brindando a las víctimas una justicia pronta y adecuada”, afirmó Chaverra durante la presentación del proyecto.

No obstante, la polémica surgió debido a la inclusión de una posible reducción de penas para quienes cometan delitos sexuales contra menores, algo que la Procuraduría calificó como inaceptable. Christian Wolffhügel, procurador delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se pronunció al respecto, advirtiendo que esta medida tendría graves repercusiones para la protección de las víctimas y el correcto funcionamiento del sistema penal.

“La Procuraduría encuentra que la exposición de motivos no logra justificar la razón por la cual se aplicará esa rebaja. No es cierto que dicha medida ayude a agilizar los procesos o evitar la prescripción de los delitos”, afirmó Wolffhügel, quien además subrayó que ya existen mecanismos dentro de la legislación actual, como la justicia premiada y la aceptación de cargos, que permiten agilizar los procesos sin necesidad de recurrir a la reducción de penas.

Wolffhügel enfatizó que la solución a la dilación de los procesos judiciales no radica en aliviar las condenas a los agresores sexuales, sino en robustecer las investigaciones y mejorar la aplicación de las medidas ya vigentes. Señaló que reducir las penas enviaría un mensaje preocupante sobre el compromiso del sistema penal con la protección de los derechos de los menores y la lucha contra la violencia sexual.